La iniciativa de reforma que mandó recientemente el Ejecutivo federal al Congreso es mucho más que una reforma eléctrica, porque le dará al gobierno un inmenso control político sobre empresas, gobiernos municipales, gobiernos estatales y cualquier mexicano a través de uno de los servicios más básicos y necesarios en nuestras vidas.
El martes 12 de octubre platicamos sobre esta iniciativa de reforma en un webinar organizado por el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, el cual dirijo.
Gonzalo Monroy, experto en energía, nos contó cómo en 1992, con la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio, se anticipaba un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en nuestro país y que el gobierno no tendría los recursos para construir las centrales necesarias para satisfacer esta demanda.
Fue por ello que se permitió a los privados construir centrales para autoabastecerse o para vender la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La reforma energética de 2013 fue más allá: abrió el mercado para que hubiera muchos más productores de electricidad privada y los grandes consumidores pudieran comprar electricidad a privados entre 3 y 5 veces más barata que los precios de la CFE.
El gobierno ha criticado esas compras de electricidad barata entre privados, yo pienso al revés, propongo modernizar más el sector para que seamos todos los mexicanos quienes podamos comprar la electricidad a quien nosotros queramos, a quien más nos convenga y eso no sea un privilegio de únicamente las empresas grandes.
Coincido con lo expuesto en el webinar por Alice Landín y Rosanety Barrios, de aprobarse la reforma, el gobierno tendrá el poder de dejar sin electricidad a quien guste, de forma muy sencilla, con esto tendrá un poder político muy importante sobre las empresas y los gobiernos locales para presionarlos a hacer lo que el gobierno federal quiera.
Además, la reforma va a afectar a CFE al obligarla a adquirir electricidad cada vez más cara, el objetivo no es fortalecer a la empresa del Estado, sino tener un mecanismo de control político.
La CFE va a decidir a quién comprarle, a qué precio y en qué condiciones, eso es equivalente a hacer expropiaciones.
Por ello, coincidimos en que no es sólo una reforma eléctrica, sino que es una reforma política, porque además deja un precedente importante. Pronto podría prohibirse la participación de los privados en otros sectores.
Esa iniciativa de reforma provocaría muchas demandas contra México por violar tratados internacionales, por lo que generaría fuertes deudas entre los mexicanos sin que se nos consulte siquiera.
También desviaría muchos recursos del gobierno para mantener artificialmente un monopolio eléctrico, en vez de utilizar esos recursos para la atención médica, la educación y la seguridad pública que hacen tanta falta en México. Además, los altos precios de la electricidad terminarán por destruir millones de empleos.
Los políticos de hoy están tomando decisiones cuyos costos ellos no tendrán que pagar, pero si les van a pesar a los jóvenes. Los que menos futuro tienen están atentando contra quienes vivirán el futuro.
Por ello invitamos a todas y todos los mexicanos, especialmente los jóvenes, a informarse y pronunciarse sobre esta iniciativa de reforma que tiene un impacto profundo en sus vidas. Háganle saber a su diputado qué piensan al respecto y recuérdenle que su mayor obligación es para con el país, no con algún grupo político. Sus hijos y la historia los juzgarán por la decisión que tomen al respecto.
