La energía es para la economía como el alimento para el cuerpo; es el motor que permite que todo funcione. Sin energía, la gran mayoría de nuestras herramientas no servirían y sería imposible realizar nuestras actividades cotidianas. Más ahora, en este primer cuarto del siglo XXI, en que el mundo se está electrificando de manera acelerada.
Cada vez tenemos más aparatos que funcionan con electricidad, como nuestros celulares o los electrodomésticos. Muchas herramientas que antes no requerían electricidad ahora lo hacen, como las estufas, los calentadores, las bicicletas, los automóviles y diversos accesorios. Además, en la energía eléctrica podemos encontrar el camino hacia un mundo más sustentable y con menos contaminación.
En este sentido, la consultora McKinsey estima que el consumo de electricidad en el mundo se duplicará hacia el 2050, mientras que la demanda de otros tipos de energía a partir de fuentes fósiles casi no crecerá.
Además, la producción de energía eléctrica se está descentralizando. Antes se tenía que generar electricidad en gigantescas centrales dependientes del Estado, que quemaban carbón o hidrocarburos; o en enormes presas y centrales nucleares que producían la gran mayoría de la electricidad en una región.
Aunque esta práctica persiste, estamos ante una revolución tecnológica que nos permite hacer lo que antes no era rentable: producir la energía con mayor diversidad en las fuentes y de forma menos centralizada, al grado que hay familias y empresas que producen toda la electricidad que ellos necesitan e incluso venden la que les sobra.
Gracias a esta revolución tecnológica en el campo energético, ahora puede ser más barato producir electricidad a partir de fuentes limpias y en comparación con algunos combustibles fósiles. Por ejemplo, en una subasta reciente donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podía comprar electricidad eólica producida por privados, se llegó a ofrecer energía a $340.00 pesos el megawatt/hora, cantidad mucho menor al costo promedio de generar energía con combustibles fósiles. Para ponerlo en contexto, en 2018 el precio promedio de producción por megawatt/hora en la red centralizada de CFE, fue de $1,500 pesos y en 2019 fue de alrededor de $1,300 pesos, es decir, se ofrecieron precios a CFE tres veces menores a lo habitual.
La lección que nos deja es la de aprovechar las nuevas alternativas para asegurar la provisión permanente de electricidad al menor precio posible. El progreso tecnológico trae grandes ventajas pero también el riesgo de no aprovecharlas correctamente. Hoy más que nunca es inaceptable que las empresas mexicanas carezcan de la electricidad que necesitan para operar y que puedan obtenerla a precios competitivos.
Debemos aprovechar las ventajas y las oportunidades de la cooperación público-privada. El gobierno mexicano tiene algunas fortalezas, como ser dueño de la red de transmisión eléctrica, al tiempo que algunas empresas cuentan ya con innovaciones tecnológicas y capital suficiente para aprovechar mejor, por ejemplo, la energía solar y el viento en la producción energética. Dicha cooperación nos ayudaría a generar un sistema energético más eficiente, descentralizado, de bajo costo y satisfactorio ante la demanda de millones de mexicanos y de las diferentes industrias.
Esto es muy importante en un país como el nuestro, donde los recursos con los que cuenta el gobierno son limitados. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 2017 México recaudó por la vía tributaria tan sólo 16.2% del PIB generado el mismo año. Esto frente al 46.2% que recaudó Francia. Nos ubicamos en los últimos lugares de todos los países que forman parte de la OCDE, cuyo promedio de recaudación es del 34.2 por ciento. México podría combatir buena parte de la evasión de impuestos para aumentar la recaudación, pero
mientras la economía informal continúe tan grande debemos ser muy inteligentes en la forma de gastar nuestro dinero.
La educación, la salud y la seguridad pública deben ser la prioridad del gobierno mexicano y, ante la escasez de recursos fiscales, será complicado atenderlos adecuadamente si el Estado pretende ser quien produzca y distribuya toda la energía. Por otro lado, el combate al cambio climático cada vez se consolida como una de las más altas prioridades de los gobiernos, ya que es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Nuestra generación está obligada a sentar las bases para contenerlo y eventualmente revertirlo.
Ante la gravedad del asunto, la mayoría de los países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases contaminantes. México se comprometió a implementar medidas para que la emisión de estos gases en 2030 sea 22% menor a la prevista, es decir, que nuestras emisiones contaminantes crezcan de 2013 a 2030 en 0.8% cada año, en lugar del 2.3% que se tenía previsto.
Para lograr este objetivo se planteó un mecanismo que incrementara los beneficios de las inversiones en energías limpias que se realizaran a partir de 2014, esto con el fin de incrementar las nuevas inversiones. Debemos preservar estos incentivos porque quitarlos significa cambiar las reglas del juego a la mitad del partido, minar la confianza en México y desincentivar nuevas inversiones en energías sustentables.
Cumplir nuestro compromiso de reducir los gases contaminantes contribuirá a que se evite una catástrofe climática que derive en problemas mucho más complicados que los que enfrentamos hoy en día. Es un tema muy relevante y que nos da viabilidad como especie.
Además, generar más inversiones para producir energía sustentable nos ayudará a reducir costos y riesgos, tanto para los ciudadanos como para las empresas mexicanas.
Debemos tomar en cuenta que la única manera de que los mexicanos tengamos electricidad barata, es bajando los precios de la producción, aprovechando las fuentes renovables o invirtiendo demasiado dinero en subsidiar la electricidad. Y son justamente esos recursos económicos los que nos hacen falta en la provisión de medicinas, hospitales, escuelas, así como en el mejoramiento de las capacidades del Estado en la seguridad de la población. Por eso debemos pensar muy bien si queremos que el Estado tenga una participación excesiva o monopólica en materia energética, cuando es más eficiente una mayor colaboración público-privada.
De manera paradójica, pretender que el Estado sea el principal proveedor de energía pone en riesgo la viabilidad energética del país. Si los recursos son escasos, debemos usarlos con mayor inteligencia y aprovechar la colaboración del sector privado, atendiendo prioridades de los mexicanos.