Depende. Hay ocasiones en que la casa se encuentra en tal grado de deterioro que conviene más derrumbarla y construir una nueva, desde los cimientos. Hay otras ocasiones en que una cirugía oportuna y precisa puede evitar la amputación de una pierna o extirpar un órgano. Estas dos alternativas, dependiendo del caso, son perfectamente razonables. Lo que no es aceptable ni razonable es demoler la casa entera ante algunos desperfectos que pueden remediarse de manera sencilla y barata. Más preocupante aun es que se escoja de manera caprichosa qué casas tirar y cuáles conservar cuando presentan condiciones similares.
Esta metáfora viene a cuento por la manera de hacer política en nuestro país. Si una de las banderas más relevantes y prioritarias es la de combatir la corrupción, esto puede lograrse eliminando de tajo a la institución donde campea esa práctica o bien, atacando a los funcionarios corruptos, imponiendo medidas de control efectivas o cambiando las reglas de operación que estimulan y dan pie a esas prácticas. Corrupción en grande ha existido tradicional y visiblemente en Pemex. Una manera radical de terminar con ese cáncer sería, desde luego, eliminando a la empresa por completo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, antes de tomar una medida de esas dimensiones tendría que contarse con un plan para mantener el sistema de producción y distribución de combustibles en todo el país. Está visto que esa posibilidad está descartada.
El Seguro Popular sería un contraste con Pemex. Por razones poco claras se decidió desaparecerlo como en un salto al vacío, es decir, sin contar con una alternativa de salud que igualara o superara al modelo anterior. Se eliminó una institución que tenía capacidad de mejora, para sustituirla con un aparato más deficiente, de menor cobertura nacional e incapaz de atender a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
¿A qué obedece que en casos como el de Pemex haya disposición a inyectar recursos e intentar salvarlo a roda costa, cuando en otros casos simplemente se les pone dinamita y se les entierra? Una pregunta similar podría hacerse sobre el extinto aeropuerto de Texcoco. Si, según se dijo, la preocupación o molestia que llevó a su cancelación era la corrupción que rodeaba al proyecto, las baterías deberían haberse enfilado en contra de los corruptos (por cierto, todavía no conocemos un solo nombre) en vez de eliminar una obra que ya tenía un grado considerable de inversiones y de avance y que iba a competir con los aeropuertos más grandes de nuestro hemisferio.
Los ejemplos abundan sobre la forma selectiva en que algunos proyectos o instituciones son defendidos a capa y espada y a otros no se les concede la más mínima posibilidad de transformarse. No es discernible un criterio general para determinar qué organismos deben destruirse y cuáles deben permanecer o reformarse. La libreta de calificaciones está subordinada a la política y en ese saco caben valoraciones que van desde el rédito electoral hasta la eliminación de proyectos que recuerden a administraciones del pasado, desde obtener mayores márgenes de popularidad hasta moldear a las instituciones a una determinada línea ideológica.
La política en nuestro país distorsiona el rumbo nacional, más que servir a la sociedad. A la luz de los pobres beneficios que ha rendido la política a nuestra nación, a lo mejor la pregunta más pertinente sería si tiene capacidad de repararse o bien es una de esas áreas, incluyendo a los partidos políticos, que merecen ser sustituidos por completo.