Como en el mundo y muy especialmente en América Latina, no hay escasez de mandatarios con intenciones de perpetuarse en el poder, es imprescindible que la comunidad internacional se pronuncie y actúe con firmeza para rechazar la farsa electoral perpetrada por Daniel Ortega en Nicaragua. Este personaje lleva veinte años gobernando a espaldas de las necesidades y las aspiraciones de su pueblo, sin haber logrado sacarlo del segundo lugar más alto en pobreza en el continente, solamente detrás del caso extremo que representa Haití.
La estrategia de Ortega ha sido la de anular a la oposición y, ya sin ella de por medio, anunciar que ganó holgadamente las elecciones. Tan seguro debe estar de su popularidad y apoyo ciudadano este triste remedo de los Somoza, que decidió encarcelar a los siete candidatos presidenciales que podrían hacerle sombra o ganarle el poder en las urnas. Junto a esos siete candidatos, otros 150 se encuentran tras las rejas bajo los cargos de ser aliados del imperialismo yanqui, una fórmula infalible para presentarse como defensor de la soberanía nacional y para enviar el mensaje de que es un patriota enfrentando a la superpotencia. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, no se han dado cuenta de que la única manera que tenían de generar atención en Washington era precisamente haciendo lo que llevan maquinando desde meses atrás: imponerse con el respaldo del ejército y batiendo récords de presos políticos.
Las condiciones de los nicaragüenses son desesperadas. Cualquier ciudadano que levante la voz e intente denunciar a la dictadura de Ortega deberá aceptar que su destino es la cárcel o la desaparición. Como buen alumno de los regímenes dictatoriales, Ortega ha cultivado una asociación delictuosa con las fuerzas armadas para llenarlos de prebendas a cambio de su lealtad y capacidad de represión. Lo mismo ocurre con el poder judicial que sirve a sus intereses para encarcelar a quien le venga en gana.
Toda vez que las fuerzas políticas de esa nación centroamericana están nulificadas, la única opción con que cuentan los nicaragüenses para librarse de la dictadura es la acción y la denuncia de la comunidad internacional. La amenaza de expulsar a Nicaragua de la OEA es a todas luces insuficiente y si me apuran, puede resultar incluso contraproducente. En cuanto se produzca dicha expulsión, Daniel Ortega recurrirá al expediente histórico de los dictadores latinoamericanos para afirmar que esa acción es bienvenida pues dejarán de ser parte de un organismo manipulado por Estados Unidos, el ministerio de colonias, como suelen calificarlo.
Dirá con todas sus letras que esa decisión demuestra nuevamente que los candidatos de oposición eran unos lacayos de Washington y por ello merecen permanecer en la cárcel.
La postura que asuma el gobierno de México sobre este delicado asunto puede marcar al sexenio de la 4T en materia de política exterior. Cuando la cancillería llamó a nuestro embajador en Managua a consultas, quedó de manifiesto que México no estaba dispuesto a entregarle un cheque en blanco al régimen de Ortega. Pero hace apenas unos días nuestra misión ante la OEA recibió instrucciones de abstenerse sobre una resolución que demandaba la liberación de los presos políticos. ¿Por qué dudar o incluso oponerse a que los pongan en libertad? Solamente en la SRE lo saben. ¿Pensarán acaso que proteger a un dictador como Ortega, abona a la causa de la izquierda latinoamericana, que valida las tesis y acciones de la 4T? Apoyar a un tirano lastima los principios más elementales de la democracia y lo más grave, en México y en el mundo llevaría a sospechar sobre las convicciones democráticas de quienes hoy gobiernan en nuestro país. Llegó la hora de aclarar de qué lado estamos.