Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos con una actitud pragmática y humanitaria hacia los migrantes. Sin embargo, esa intención positiva podría diluirse muy pronto ante el significativo aumento que ha registrado la migración indocumentada en las primeras semanas de este 2021. De acuerdo con los datos recabados por Tonatiuh Guillén, una autoridad en la materia, en enero de este año se registraron 80 mil arrestos en la frontera, cuando el año pasado en el mismo mes se produjeron apenas 36 mil. Estas cifras harán sonar las alarmas en Washington y tendrán repercusiones inmediatas sobre México.
El cambio principal radica en que ahora los mexicanos han rebasado los flujos migratorios centroamericanos. Entre los deportados en cada día del mes de enero, mil 400 fueron de los nuestros contra mil procedentes de América Central. Los anuncios recientes del gobierno de Biden para abrir un camino hacia la legalización, la amnistía para los Dreamers y la reanudación de audiencias de asilo pueden malinterpretarse y llevar a la conclusión de que Estados Unidos abre sus fronteras. Algunos se verán atraídos por esa falsa impresión, aunque la realidad es que la legalización solamente aplicaría a aquellos que ya se encuentran en suelo estadounidense. Sin embargo, el factor de expulsión principal radica en que un número creciente de mexicanos no está encontrando condiciones de vida, de seguridad y de empleo suficientemente atractivos y por ende emprenden la ruta hacia el norte.
Esta nueva oleada migratoria presenta el riesgo inminente de que los opositores de Biden utilicen estos datos para afirmar que la rudeza de Trump era más eficaz que la indulgencia del nuevo presidente. Así, cuando Biden presente sus iniciativas de reforma al Congreso, lejos de concederle apoyo, muchos congresistas pedirán que se continúe la construcción del muro en la frontera y exigirán que el gobierno de México ponga de su parte para detener a mexicanos y centroamericanos por igual.
Recientemente Guatemala anunció a Washington que dejará de jugar el papel de “tercer país seguro”. Estados Unidos, en cambio, abrió la puerta para que los centroamericanos que tengan intenciones de emigrar puedan registrarse y emitir su solicitud desde sus lugares de origen, sin que tengan que salir en caravanas o intentar llegar a la frontera. Este beneficio, hasta ahora, no se ha extendido a los mexicanos. En la medida en que la migración de nuestros connacionales vuelva a ser la más voluminosa, Estados Unidos volteará la mirada hacia México para conocer qué se está haciendo en nuestro país para contener estos nuevos flujos migratorios.
La respuesta que plantee México a Estados Unidos no será sencilla ni podrá, en realidad, surtir efectos en el corto plazo. La caída del dinamismo económico en los últimos dos años y el deterioro en las condiciones de seguridad no son asuntos que puedan remediarse rápidamente. Así las cosas, las reformas que desea implementar Biden probablemente queden atoradas en el Congreso y México se verá sujeto a presiones —distintas a las de Trump— para contener la migración de mexicanos, lo cual es jurídica y prácticamente más difícil de lograr que cuando se trata de ciudadanos de Centroamérica o de otras regiones. El impacto colateral de esta situación es que los siete millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos pueden quedarse sin una vía hacia la legalización por el efecto adverso que están generando los de nuevo ingreso.
Internacionalista
