La inmensa mayoría de los mexicanos de México y sobre todo los que viven en Estados Unidos, vería con buenos ojos que Donald Trump sea enjuiciado y destituido del puesto de presidente. En las palabras y en los hechos, su postura hacia nuestro país ha sido profundamente hostil y con pretensiones continuas de humillarnos. Si prosperan las indagatorias que ha iniciado el comité de inteligencia del Congreso, el actual vicepresidente Mike Pence ocuparía la Casa Blanca hasta que se elija a un nuevo mandatario. El mismo Pence podría ser candidato a la presidencia si es que se postula. Llegaría a la Oficina Oval un hombre ultraconservador que, lo ha declarado, pretende que la Constitución y los preceptos de la Biblia sean observados de manera paritaria. Pero en todo caso sería altamente improbable, casi imposible, que lograra alcanzar a Trump en su constante beligerancia hacia México y los mexicanos.
No está de más hacer estos cálculos, pero la realidad de las cosas es que es muy remota la posibilidad de que Donald Trump sea defenestrado de la Casa Blanca. Es cierto que las acusaciones que pesan sobre Trump son de mayor gravedad que las que en su momento llevaron a juicio político a Richard Nixon y a William Clinton. El primero espió los cuarteles generales de los demócratas en el Hotel Watergate y el segundo mintió bajo juramento respecto a su relación con Mónica Lewinsky. El Sr. Trump ha ido más allá al utilizar la política exterior a su mando para intentar perjudicar al puntero en las encuestas electorales, Joe Biden. Puso a su disposición personal los instrumentos del estado, concretamente la ayuda militar a Ucrania, como moneda de cambio para obtener evidencias de que un hijo de Biden recibió apoyo de su padre, entonces vicepresidente, para impulsar sus negocios en ese país. Más que eso, envió a su abogado personal, Rudolf Giuliani a que amarrara el acuerdo con el mandatario ucraniano.
En suma, de confirmarse estos elementos, habría argumentos suficientes para iniciar un juicio de defenestración en forma en contra de Trump. Sin embargo, para iniciar el procedimiento se requiere, además de evidencias contundentes, del voto de la mayoría en la casa de representantes y de dos terceras partes de los senadores, que se convertirían en el jurado. En la Cámara Baja los demócratas tienen mayoría, pero no así en el Senado.
La lideresa del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, está más que consciente de lo difícil que resulta en la práctica destituir a un presidente. No ha tenido más remedio que avalar el inicio del procedimiento porque eso de utilizar la ayuda militar que aprueba el Congreso para intentar manchar a un candidato de la oposición es una forma clara de abuso en las atribuciones y en el ejercicio del poder por parte del presidente Trump. Pero a la vez está igualmente consciente de que si fracasa la destitución, Trump y los republicanos saldrán fortalecidos de cara a las elecciones del año que viene. De hecho existe el riesgo de que Trump les voltee la hoja y argumente que son los demócratas los que utilizan las facultades del estado para obstaculizar su reelección. Y para ello, recordará constantemente que el fiscal especial Robert Mueller no pudo obtener evidencias contundentes de que haya estado coludido con los rusos para ganar las elecciones de 2016.
Ahora el asunto es diferente y probablemente más grave. En el primer caso, Trump siempre pudo argumentar que él no incitó a los rusos para que le apoyaran en su triunfo electoral. En el caso de Ucrania sí ha sido él quien motivó a un gobierno extranjero a que investigara a un adversario político para vulnerar su candidatura.
Director General Ejecutivo del Aspen Institute
