En abril pasado, la Misión de México ante las Naciones Unidas presentó una resolución titulada “Cooperación Internacional para asegurar el acceso global a medicinas, vacunas y equipo médico para encarar al Covid-19”. La intención de este pronunciamiento, co-patrocinado por 179 países, es el de contener lo que se conoce como “nacionalismo terapéutico”.
El dilema que busca resolver esta resolución es particularmente complejo. Los países con mayor fortaleza científica e inversiones más altas en el desarrollo de la vacuna esgrimen el argumento de que los primeros inoculados serán sus ciudadanos y, si se puede y alcanza la producción, entonces se ofrecerá a otras naciones. Es comprensible que los gobiernos de los países que inventen la vacuna se inclinen por abastecer primero a su población. Muy pocos líderes pondrían por delante la cooperación internacional a la salud de sus propios habitantes. Sin embargo, este puede ser un falso dilema.
Sumando la capacidad de producción de vacunas de las cinco empresas que se encuentran más cerca de introducirla al mercado, se llega a una cifra aproximada de 400 millones de dosis. Es decir, el 95 por ciento de la población mundial se quedaría sin acceso a este medicamento, al menos en el primer año de su aplicación. Con buen sentido ético, la mayoría de las farmacéuticas capaces de producir la vacuna han expresado su intención de venderlas a costo, sin obtener utilidades. No obstante ello, el déficit mundial seguiría siendo muy abultado y por ende, la propagación del virus continuaría inclemente para la mayoría de los habitantes del planeta.
Para fortuna nuestra, el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, es uno de los médicos más prominentes de nuestro país y cuenta con la valiosa experiencia de haber encabezado la Secretaría de Salud. Su posición y su trayectoria resultan idóneas en estos momentos tan complejos para encontrar una alternativa viable al “nacionalismo terapéutico”. El dilema consiste en encontrar una fórmula que evite que la vacuna se concentre exclusivamente en los países más ricos o que hayan puesto más recursos científicos, financieros y humanos en su descubrimiento, dejando al resto del mundo inerme ante la pandemia.
La resolución impulsada por México tiene como objetivo primordial “asegurar el acceso” a medicinas y vacunas. Ese acceso no solamente puede garantizarse a través de envíos o ventas de vacunas de los países productores a los consumidores del resto del mundo. Una alternativa que podría explorarse sería que la fórmula científica y el método para producir las vacunas sean puestos a disposición de la comunidad internacional. Con esos elementos esenciales una plataforma farmacéutica como la mexicana sería capaz de producir localmente buena parte de las vacunas que requerimos los mexicanos. Y no faltará quien pregunte qué incentivos pudieran tener los creadores de la vacuna para compartir sus hallazgos científicos con los demás. Desde el momento en que los grandes laboratorios han señalado su intención de no generar ganancias (de hecho, se estima que cada vacuna tendría un costo al público de 65 pesos), la patente y la fórmula podría compartirse universalmente para que quien tenga capacidad de multiplicarla lo haga y, de esa manera reducir la presión sobre dichas farmacéuticas. Un mundo sano y con buena economía es más valioso para los grandes laboratorios del mundo que la utilidad residual por vender las vacunas. Seguramente habrá, además de este, otros caminos que permitan la aplicación generalizada de esta urgente vacuna. Explorarlos será una de las tareas más delicadas que hayan caído en las manos del Emb. de la Fuente. No podemos más que desearle todo el éxito posible para hacer frente a una enfermedad que tiene de cabeza al planeta.
Internacionalista
