El presidente anunció que la Secretaría de Hacienda analiza su intención de vender las embajadas de México. Si el análisis se hace con seriedad, llegarán a la conclusión de que este sería un despropósito por razones económicas, funcionales, de promoción del comercio y las inversiones, para la imagen de México y, por supuesto, para el despliegue de nuestra política exterior. Para algunos sectores de nuestra sociedad puede sonar muy taquillero poner en venta las casas y oficinas del país en el mundo; unos porque desconocen las tareas que realizan y otros porque los remitirá al dogma de que un pueblo pobre no puede tener inmuebles de calidad, como si se tratara de la versión diplomática del avión presidencial.
Para la importancia y el tamaño de país que somos, México es un país con muchos consulados y muy pocas embajadas. El grueso de los recursos nacionales en política exterior se destinan a la atención de nuestras comunidades en el extranjero. Nuestras misiones diplomáticas apenas cubren la tercera parte de los países miembros de la ONU. Brasil o Cuba tienen el doble de embajadas que México.
Si el objetivo primordial es ahorrar, la ecuación saldrá al revés de lo deseado. Por las convenciones internacionales, las embajadas y residencias de México no pagan impuestos al gobierno del país receptor y, al ser propiedad del Estado mexicano, no le pagan renta a nadie. Si se venden, necesariamente tendrá que rentarse algún otro inmueble para albergar nuestras representaciones diplomáticas. De hecho, al erario público le convendría más que en los países donde México rente espacios diplomáticos, se busque comprarlos para pagar una hipoteca, en vez de tirar el dinero en rentas mensuales que nunca serán recuperados en el patrimonio de la nación.
Otro resultado de este ejercicio sería que, en la mayoría de los casos, estaríamos intercambiando inmuebles adecuados para la función diplomática por espacios más reducidos y más caros. La gran mayoría de nuestras misiones diplomáticas albergan a la sección consular, las áreas de conferencias y proyección cultural, la atención de asuntos jurídicos y litigios internacionales y, con la reciente desaparición de ProMéxico, deben encargarse de la promoción del comercio y las inversiones. Los espacios que hoy posee México no son ideales para el desahogo de todas estas actividades, pero responden en la mayoría de los casos a la densidad de la relación bilateral de que se trate. Es lógico que en Guatemala o en Madrid tengamos mayor infraestructura que en Nairobi o en Jordania.
En el mejor de los casos, vender todas las embajadas equivaldría a un par de meses de las pérdidas de Pemex: siete millones de dólares diarios pierde nuestra paraestatal.
La pregunta relevante, a fin de cuentas, es qué papel e importancia le asigna este gobierno a nuestras relaciones exteriores. Mientras no haya claridad en este punto, los contactos y la posición de nuestro país en el plano internacional continuarán desdibujándose.
