Cuando llegue Joe Biden a la Casa Blanca, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA , va a ser la misma que operaba bajo Trump y de hecho desde hace más años. La misión de los agentes que tienen presencia en México no va a cambiar: los 54 elementos que tienen acreditados oficialmente el encargo de enterarse de las acciones y estrategias que desarrollan los narcotraficantes y buscar la manera de que el gobierno mexicano actúe en contra de ellos. Es, ante todo, una red de inteligencia criminal . Con base en lo pactado desde hace casi treinta años, no están facultados para realizar arrestos, portar armas o llevar a cabo operativos contra el crimen organizado . Los agentes gozan de inmunidad diplomática y tienen obligación, al menos en el papel, de informar de sus hallazgos a las autoridades mexicanas.
El gobierno de Trump fue particularmente polémico en las acciones que emprendió. Prestó oídos sordos a los llamados de México para detener el tráfico de armas, mientras aplicaba una estrategia netamente unilateral. Durante su mandato se registraron acciones de alto costo para el Estado mexicano: la solicitud de arresto con fines de extradición de Ovidio Guzmán , que desembocó en el tiroteo de Culiacán. El amago de calificar como terroristas a los narcotraficantes, después de la masacre de la familia Le Barón. Y lo más trascendente: el arresto del exsecretario de la Defensa Nacional en Los Ángeles. Estos tres temas quedarán con expediente abierto al inicio de la administración Biden y los veteranos de la DEA se encargarán de que no queden en el olvido.
Con la llegada de un nuevo gobierno a Washington, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de replantear el esquema de cooperación antinarcóticos . Irónicamente, el menú de temas es amplio pero las opciones son muy reducidas. Se puede someter a revisión la Iniciativa Mérida , incluso eliminarla y sustituirla por otro modelo. Yo estaría a favor de esta opción. Pero el punto de fondo, el más complejo, es el de la relación entre los agentes de la DEA y los elementos mexicanos de seguridad y justicia. Las alternativas que están a la vista son únicamente dos: asumir a los agentes de la DEA como compañeros de viaje en la lucha contra el crimen organizado o, por el contrario, considerarlos como un adversario, una imposición indeseable de Estados Unidos hacia México.
Hay que partir del principio de que, encubiertos o descubiertos, registrados o no, los agentes de la DEA permanecerán en México. En la visión de Washington este es un asunto prioritario de seguridad nacional. Ante esta realidad, quizá la mejor opción sea asumirlos como aliados y aprovechar la información que recaban, reconociendo que nuestro aparato de inteligencia no pasa por su mejor momento. El problema central, sin embargo, es la desconfianza que existe para compartir la información más delicada. Los de la DEA temen que sus averiguaciones sean compartidas con los narcos, sea por temor o por cooptación de las autoridades mexicanas. Nuestro presidente ha dicho abiertamente que desea revisar este esquema de cooperación. Esta es una buena hora para hacerlo. Pero antes, hay que tener claridad en lo que vaya a plantearse y cómo negociarlo. Es preciso encontrar una fórmula que ayude a ambos países a lidiar con un fenómeno que nos tiene rebasados, donde una cooperación bien afinada haría mucho bien a la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos de ambas naciones.
Internacionalista