México no es un país que se haya distinguido por su decidido impulso al desarrollo de la ciencia y la creación de nuevas tecnologías. Ningún gobierno ha alcanzado la cifra de erogar el uno por ciento del presupuesto federal a la promoción de estas materias como lo recomiendan los principales organismos internacionales. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ocupamos el último lugar de la tabla. Pero tampoco se limita el asunto a cuestiones de dinero. Será que en el cálculo político las labores académicas y científicas no pintan para ganar elecciones, lo cierto es que, consistentemente, la actitud de la clase gobernante ha sido de incomprensión y desdén hacia este gremio fundamental.
Resulta irónico que en una etapa de la historia en que la capacidad científica divide (de nuevo) al mundo, entre los que fueron capaces de inventar una vacuna y los que tuvieron que formarse para comprarla, en México no se aprovechara la oportunidad para convencer a la sociedad de que invertir en estos campos es de alto provecho para los mexicanos. No sólo se perdió la oportunidad, sino que en estos precisos tiempos es cuando la comunidad científica y universitaria se siente más asediada para realizar sus labores de investigación.
De un lado se anuncia que habrá de crearse la Agencia Latinoamericana del Espacio (la NASA de nuestra región), que se trabaja a marchas forzadas para crear la vacuna Patria, y por el otro se cierran los canales de diálogo con los pocos capaces de hacer ciencia y desarrollar tecnologías en el país. Se califica a la ciencia anterior de neoliberal y conservadora, sin dar argumentos sobre cuál es el sustituto de esa ciencia que se venía haciendo anteriormente. Quizá se tenga la convicción ideológica de que la velocidad de la luz ya no debe medirse como antes.
Es natural que la fuente principal de financiamiento, en este caso el gobierno, establezca políticas públicas y señale las prioridades nacionales en materia científica.
En un país con las características de México es más o menos comprensible que el gobierno privilegie la ciencia aplicada que sus aspectos más teóricos de ciencia pura. Pero no por ello puede condenarse a los pensadores y expertos que tengan la mente puesta en temas que no interesan o se plieguen al régimen en turno.
El caso mexicano es preocupante porque contamos con una comunidad científica muy reducida sobre el total de población que tenemos, para el tamaño de país que tenemos. Se trata de un grupo pequeño, pero al igual que otros científicos del mundo, muy bien conectada con centros de investigación de otros países. Bajo el asedio en que encuentran actualmente, seguramente se quejan con sus colegas de otros países y no le harán el feo a las ofertas que reciban para poner sus cerebros en otras partes.
Corremos el riesgo de que los pocos científicos y estudiosos que tenemos en México se sientan incomprendidos y hasta acosados. Es altamente probable que ya se sientan así y que éste sea el tema principal de conversación en los espacios universitarios y en la academia. El resultado natural será que más de uno busque abandonar el país y nos quedemos con menos cerebros de los pocos que ya tenemos o sólo con aquellos que sean afines a las tesis oficiales. Si se daban actos de corrupción en el medio científico tendría que documentarse con precisión y con el cuidado necesario para no desalentar a un gremio que de por sí realiza sus funciones con grandes carencias y vale decirlo, con un sentido de responsabilidad hacia México.