La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo Federal es para una reforma “absolutamente regresiva” (Woldenberg) e inviable. No democratiza al sistema electoral, lo sustituye por el que ya tuvimos, de control del partido dominante.
Desmantela al INE de sus órganos permanentes y profesionales, sustituyéndolos por “áreas auxiliares y órganos temporales”. La definición de éstos queda en una ley secundaria que, aprobada por simple mayoría por Morena, le permitiría decidir la estructura del INEC, igual como era con el sistema de partido hegemónico y la Comisión Federal Electoral.
Encoge al Consejo General de 11 a 7 consejeros que deberán organizar y supervisar centralmente la totalidad de los procesos electorales a nivel federal, estatal (32) y municipal (cientos), administrar las consultas populares y la revocación de mandato. Esta sería su nueva carga con menos órganos centrales y sin la estructura distrital. ¿Cómo se van a instalar desde la Ciudad de México 163,000 casillas, actualizar su correcta ubicación, reclutar y capacitar a 1.4 millones de mexicanas y mexicanos para atender las mesas directivas de casillas y 48 mil supervisores y asistentes electorales, y toda la logística electoral, sin un sistema descentralizado?, ¿también se le encargará al Ejército?
La iniciativa afirma que el presupuesto del INE registra un aumento del 409% en menos de 20 años al pasar de 13 mil 400 millones en 1999 a 68 mil 300 en 2018. Lo que se oculta, además de las nuevas atribuciones agregadas en 2014, es que la lista nominal de votantes que en 1991 era de apenas 39.2 millones, para 2018 creció a 89.3 millones de electores para quienes hay que imprimir sus respectivos paquetes de boletas, por lo que tan sólo el costo de producir 39.2 millones es incomparable con la producción de 89.3 millones; sin contar las credenciales de elector gratuitas del RFE.
La cancelación de los OPLES no genera ahorro, pues sus actividades no desaparecen. Seguirán organizándose elecciones locales y municipales con igual o más gasto al crecer la lista nominal. A menos que Morena quiera generar verdaderos ahorros y cancele las gestas locales, elimine el federalismo como lo hizo Santa Anna, y que su Alteza Serenísima designe a los gobernadores en Departamentos. Con esa austeridad franciscana, se cancelarán las aportaciones públicas a los partidos para actividades ordinarias y específicas, abriendo la puerta al financiamiento privado ilícito que además no fiscalizaría el Consejo General.
La iniciativa propone la elección popular directa de los consejeros del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral. Imaginemos a los árbitros en Qatar electos por millones de aficionados al futbol y no designados por la FIFA.
Las candidaturas para esos cargos se definirán en listas elaboradas por los tres poderes de la Unión, (20 c/u para el INEC y 10 c/u para el Tribunal,) mayoritariamente controlados por Morena, por lo que la gran mayoría de las candidaturas serían afines a ese partido, con lo que el partido dominante acabaría controlando a los órganos electorales, como antes lo hacía el PRI.
El nuevo Congreso Federal con 300 diputados y 96 senadores, todos electos por representación proporcional pura, mediante listas estatales, favorece sin duda a Morena y aniquilarían al PT, el PVEM, el PRD porque se elimina la lista acumulada de votos nacionales que les permite entrar en proporción a los sufragios obtenidos. Al igual que en el sistema anterior donde los gobernadores decidían las candidaturas para “sus” diputados federales y senadores, ¿las y los actuales se abstendrían de intervenir en la elaboración de esas listas?
La reforma que se quiere vender como más democracia y menos costosa, no es en el fondo, sino un traje a la medida de Morena, diseñado para asegurar las elecciones del 2024, a diferencias de las previas reformas (1977-2014) pensadas para las actuales y siguientes generaciones.
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