En estos días es probable que circule la minuta en el Senado que contiene la iniciativa del Plan B, para ser discutida y eventualmente aprobada con la mayoría de Morena, después de los cambios en Diputados, ordenados por el presidente, para quitar la “cláusula de vida eterna”. Con esa aprobación se consumaría la desfiguración del INE mediante su desmantelamiento, que tanto desea y ha procurado el presidente AMLO.
Antes de emitir su voto, cabría apelar a la conciencia de las y los senadores sobre las siguientes consideraciones:
1) Economía: Carlos Urzúa exsecretario de Hacienda de la 4T, tachó de “absurdo” el argumento del ahorro. Señaló que “el presupuesto del INE no representa más que una cuarta parte del 1% del presupuesto federal”. Cantidad insignificante frente a las “cifras exorbitantes del erario que se han empleado y se siguen empleando, para alimentar a esos elefantes blancos que representan los tres grandes proyectos de inversión de este sexenio” (EL UNIVERSAL/enero 30/p. A17).
2) Logística y operación: Hasta la saciedad se ha ilustrado por expertos electorales, académicos, analistas, e incluso por la totalidad de los actuales consejeros electorales, que el Plan B trastoca al INE mediante fusión y mutilación de varios componentes clave para la adecuada operación del actual sistema electoral mexicano, tanto a nivel local como federal, afectando a las contiendas de este año en Edomex y Coahuila, y la presidencial del 2024.
La imposibilidad para que el sistema electoral opere adecuadamente sobre todo con menos personal local sin entrenamiento y de última hora contratado, afectará severamente a la normalidad democrática que habíamos conquistado las y los mexicanos y abre las puertas a la inestabilidad y violencia postelectoral. ¿Es eso lo que se quiere?
3) Histórica: en un país con exiguo pasado democrático, el sistema electoral actual logró organizar con certidumbre, aceptación nacional y reconocimiento internacional, la alternancia pacífica en el poder en los tres niveles de gobierno, dando a México una paz social postelectoral de la que carecía.
Gracias a que ahora los votos cuentan y se cuentan, Morena está gobernando México, en el Ejecutivo, la mayoría del Legislativo, 22 gobiernos locales y múltiples municipios.
Es el resultado de una conquista de 30 años de ingeniería electoral, cuidadosamente elaborada a través de 8 reformas constitucionales, promovidas y acordadas por todas las fuerzas políticas, destacadamente por la izquierda (Cuauhtémoc, AMLO, Porfirio, Rosario, Heberto, Ifigenia, Gilberto, Amalia, etc., etc.) para sustituir el ya disfuncional sistema autoritario de partido hegemónico, por un moderno sistema democrático de partidos.
Esa metamorfosis tiene su fundamento histórico en el 68. Fuimos los estudiantes de la UNAM y el Poli, los que ese año en las calles denunciamos la GRAN MENTIRA Y CONTRADICCIÓN que a diario se vivía en nuestro país: un texto constitucional que establece una República, representativa, democrática y federal en la norma suprema, y en la realidad, su negación con un sistema político en el que un solo hombre decidía a su sucesor, a las y los gobernadores en las 32 entidades federativas, todo el Senado, 90% de Diputados y la SCJN, esto es, la colonización casi total del Estado Mexicano. De ese tamaño fue el cambio, esa sí una auténtica transformación, iniciada con sangre en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
Afectar ahora esa conquista con el Plan B, para que resulte una monstruosidad, o peor, el caos electoral, representa por lo tanto una traición a los principios e ideales de la generación del 68 y de esos luchadores sociales por la democracia.
En suma, señoras y señores del Senado, como dijo Kofi Annan en el 2017 en México: “Las elecciones sin integridad no pueden brindar legitimidad a los ganadores, ni seguridad a los perdedores, ni confianza a los ciudadanos en sus líderes e instituciones”.
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