“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana” escribió Kofi Annan en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC/2000) que impulsó cuando era Secretario General de la ONU.
Conocida como “Convención Mérida” por haber sido aprobada en esa ciudad, la CNUCC goza de amplio sustento en la Asamblea General(resolución 55/61 del 4/12/2000) suscrita por 180 Estados miembros.
La CNUC busca: a) Fortalecer la prevención y combate a la corrupción con investigación, enjuiciamiento, embargo preventivo, incautación, decomiso y restitución del producto de los delitos tipificados en ella; b) Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica y c) Promover la integridad, obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
Contiene un código de conducta para los funcionarios públicos, normas para la contratación pública y gestión de la hacienda pública, medidas relativas al poder judicial y el MP, y se extiende al sector privado para mejorar las normas contables y de auditoría, acompañadas de sanciones. Involucra a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción para sensibilizar a la opinión pública sobre la gravedad de este flagelo.
La penalización incluye delitos de soborno de funcionarios públicos y del sector privado, malversión, peculado y desviación de bienes públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, blanqueo, encubrimiento, obstrucción de la justicia, y la recuperación de activos.
Pero la CNUCC, tiene un defecto: su efectividad descansa en la buena voluntad de los Estados miembros para acatarla. Aquí embona la idea promovida por el juez federal de Massachusetts, Mark Wolf, a quién conocí en Boston (2018), para crear una Corte Internacional Anti-Corrupción (CIAC) a fin de hacer efectivos los principios y medidas de la CNUCC.
El juez Wolf considera que la CIAC es el mecanismo idóneo para llevar a los corruptos, públicos o privados, ante la justicia internacional y evitar su impunidad. Estima que la corrupción a gran escala, entendida como el abuso del poder para beneficio privado, es un mal endémico que se ha propagado globalmente. En los países en desarrollo, 10 veces más se pierde en la corrupción, que lo que reciben en ayuda internacional.
En congruencia con la política anti-corrupción de esta administración, México podría encabezar una iniciativa para crear la Corte Internacional Anti-Corrupción y anunciar esta propuesta el próximo 9 de noviembre cuando el Presidente AMLO comparezca ante el Consejo de Seguridad, (comentada con el embajador Juan Ramón de la Fuente hace tiempo), una buena señal de que la cruzada contra la corrupción va en serio, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.
Docente/investigador de la UNAM
