A mediados del mes pasado, el gobierno federal declaró formalmente la “muerte” a un proyecto interesante impulsado en el anterior sexenio y que contaba con apoyo del Banco Mundial: las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Cuando se anunció este ambicioso proyecto en 2015, originalmente se contemplaba la creación de “cuatro” ZEE en lugares estratégicos en el sur de México —Lázaro Cárdenas-La Unión, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas—. El objetivo era promover el desarrollo en estados con altos índices de pobreza mediante la atracción de inversión en ubicaciones delimitadas con incentivos y excenciones fiscales a mediano y largo plazos, medidas de facilitación comercial, promoción del capital humano y generación de cadenas de valor, entre otras políticas transversales.
La idea era atractiva y, evidentemente, otras entidades del sur y centro del país levantaron la mano para tener su Zona Económica Especial. La ambición de la administración pasada creció sobre la marcha, aunado con la crisis en el sector petrolero, se tomó la decisión de agregar tres más a la lista: Progreso, Yucatán, y otras dos en pequeñas comunidades en Campeche y Tabasco.
De acuerdo con la agenda, las primeras ZEE debieron comenzar a “operar” a finales de 2018. Sin embargo, los lineamientos para seleccionar a los inversionistas y administradores integrales, la persona responsable de la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de una zona económica fueron publicados en plena época electoral, a finales de junio de 2018.
Una vez en el periodo de transición de poderes, la administración saliente continuó con algunos pasos, pero no tomó ninguna decisión clave, lo cual permite suponer que hubo un acuerdo que permitiera al gobierno entrante evaluar este proyecto y tomar las decisiones correspondientes.
En los tiempos de campaña, las autoridades salientes confiaban en que las Zonas Económicas Especiales eran una política pública transexenal. De hecho, en reuniones informativas con organizaciones profesionales se comentaba que ningún candidato presidencial se había pronunciado contra su creación e inclusive sostenían que eran compatibles con las propuestas del candidato más fuerte y el eventual vencedor, Andrés Manuel López Obrador, pues su agenda pretendía, y aún pretende, desarrollar el sur con el “Corredor Tansístmico”.
No obstante, el equipo de López Obrador, en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no vio con buenos ojos este proyecto. ¿Por qué? En esencia, siete ZEE competirían entre sí para atraer inversión privada, lo cual impediría la creación de clústeres industriales, además del gasto público y la baja recaudación por las exenciones e incentivos fiscales.
Fue hasta abril de este año, en una conferencia matutina, cuando se anunció que las Zonas Económicas Especiales iban a desaparecer, porque “no hicieron nada para ayudar”.
En efecto, no ayudaron, pero porque nunca comenzaron a operar. ¿Cómo es posible esperar resultados de un proyecto que aún estaba en una etapa inicial de implementación?
Parte del problema de las Zonas Económicas Especiales fue contar con siete magnos proyectos, en lugar de uno o máximo dos como experimento. Al final, la ambición de la administración pasada obstaculizó, retrasó y evitó la operación de una interesante política pública para el sur del país.
Hoy, los mexicanos nos tendremos que conformar con el proyecto o Corredor Transístmico. Por cierto, éste contará con “Zonas Francas”; es decir, una política similar a las ZEE (¿o un refrito?), o un equivalente al programa de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.
Los detalles aún se desconocen y se carece de una legislación moderna, como aquella que fue desarrollada para las ZEE con el apoyo y experiencia del Banco Mundial. Sin embargo, a diferencia de ésas, la o las Zonas Francas en el Itsmo probablemente existirán, con la posibilidad latente de convertirse en algo especial que tanto necesita el sur del país.
Socio Jr. de Vázquez Tercero y Zepeda
