La decisión de la Fiscalía General de la República de proceder penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración y otros funcionarios por su negligencia en el caso de los 40 migrantes que fallecieron durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, podría inaugurar una nueva era en la política migratoria de México que, por años, ha estado marcada por la criminalización, la persecución y el olvido.
La Fiscalía ha señalado que investiga el caso en dos líneas paralelas de información; la primera, al interior del INM; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada. En lo que atañe al Instituto, apunta a su omisión como órgano encargado de ejecutar, controlar y supervisar la política migratoria del país lo que le valió una recomendación de la CNDH por un caso similar en Tenosique, Tabasco, pero también, por su corrupción. Esto, al momento de suscribir contratos por adjudicación directa “omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público paga por esos mismos servicios”. Es decir, estamos ante un lucrativo negocio donde el cobro incluye violaciones a los derechos humanos y muertes.
De 2018 a 2020 la Auditoría Superior de la Federación registró casi 547 millones de pesos pendientes de aclarar por parte del INM. En esta, se revisaron 21 estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur, de las cuales constató que en 12 superó la capacidad, y la estación migratoria de Tapachula, Siglo XXI, fue el caso más dramático, al contar con una capacidad de 960 personas, pero llegaron a alojar más de 5 mil migrantes.
Asimismo, en lo que respecta a la empresa grupo de seguridad privada CAMSA, responsable de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, identificó un contrato por una cantidad superior a los 151 millones de pesos con una vigencia del primero de marzo al 31 de diciembre de 2022, mismo que fue ampliado al 31 de diciembre de este año por un monto máximo de 190 millones pero que fue revocado tras la tragedia. Una maniobra que reveló las irregularidades de esta empresa es que maquilló sus registros de trabajadores. El IMSS reveló que hasta enero de este año tenía dados de alta en su base de datos solo a 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, cuatro días después del incendio, la empresa dio de alta 417 trabajadores.
Francisco Garduño ha sido una figura que acompañó desde el PRD primero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y, posteriormente, a López Obrador en su movimiento político. Previo a su llegada como titular del INM en junio de 2019, fungió como comisionado en las cárceles federales sustituyendo al académico Tonatiuh Guillén. Tres meses más tarde, se consumaría el decreto que ordenó que la aplicación de la política migratoria en México está a cargo tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tras la danza de culpabilidades protagonizada por los titulares de ambas secretarias, hoy, la tragedia en Ciudad Juárez y sus consecuencias podrían anunciar el final del INM como instrumento de seguridad y criminalización. El gobierno está ante una oportunidad histórica, ya sea solo bajo la ecuación de que se juega el futuro de su proyecto político o bien, porque hay una verdadera convicción de modificar el modelo actual.
En entrevistas recientes, el padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador y ahora uno de los arquitectos de la nueva política migratoria del país, ha reconocido que “la 4T no llegó al Instituto Nacional de Migración”. Sin, duda una renovada política migratoria no solo tendrá que dejar de lado el enfoque punitivista, sino que tendrá que atreverse a ver a los migrantes de frente. La migración es un espejo social y hoy, ese reflejo muestra un rostro de intolerancia, corrupción y violencia.
Periodista y analista
