El 4 de diciembre de 1860 se proclamó en México la Libertad de Cultos donde se garantizaba el derecho a cada persona a elegir la religión que deseara, fuera de toda coacción. La Iglesia Católica Apostólica y Romana excomulgó a los constituyentes de la Reforma y a todos los mexicanos que juraran aplicar la nueva Constitución. En la Constitución de 1917 se radicalizaron las medidas para controlar a la Jerarquía Católica, que había participado activamente en el derrocamiento y posterior ejecución del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez.

Entre 1926 y 1929 los sectores integristas de la Iglesia se alzaron en armas y protagonizaron una insurrección armada (La Cristiada) que implicó 250,000 muertos. La aplicación de las leyes de libertad de cultos no fue nada sencillo, prácticamente todas las iglesias no católicas tienen sus mártires. Miles de protestantes, evangélicos y pentecostales fueron cruelmente asesinados en motines y linchamientos instigados por creyentes intolerantes que se sentían amenazados por la diversidad.

Es importante recordar que la intolerancia religiosa fue un componente estructural de la conquista española. La Iglesia católica manejaba el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición que se ocupaba de castigar y ejecutar a los disidentes religiosos. La ejecución de los disidentes no se hacía en privado, las Instrucciones Reales transformaban la quema de judíos, protestantes, homosexuales y otros disidentes en una fiesta popular donde se garantizaba así la “deshumanización y la demonización” de los disidentes. Asistían a la quema de personas autoridades civiles y eclesiásticas con sus mejores galas y era obligación la asistencia de la población.

La Inquisición tenía perspectivas políticas: el Rey de España, lo era por “la gracia de Dios”, alzarse en armas contra el monarca implicó el juicio inquisitorial por herejía contra los héroes de la Independencia Nacional. Morelos, Hidalgo y su estado mayor fueron juzgados y condenados por la Inquisición, en este caso su ejecución se hizo en privado pues el clero y los oficiales reales temían un alzamiento popular.

El Concilio Vaticano Segundo implicó cambios en la Doctrina de la Iglesia Católica, llamó al Diálogo con los otros cristianos, quienes ahora llamarían “hermanos separados”, los judíos ya no serían acusados de “deicidio” y se transformaron en “nuestros hermanos mayores”. El Concilio llamó también al “diálogo” con las otras religiones no cristianas. Extrañamente en Exhortación Apostólica Ecclesia en America, de Juan Pablo II (México 1999) diferenciaba a los protestantes de quienes ejercían “un proselitismo agresivo”.

La referencia a las nuevas iglesias cristianas era evidente, las conversiones al pentecostalismo y a las propuestas evangélicas de los católicos que abandonan su iglesia por múltiples razones es evidente. La descalificación de estas iglesias no asumía los evidentes errores e inconsistencias propias que llevan a millones de latinoamericanos a dejar el catolicismo. El papa Francisco dio ejemplos de diálogo con los pentecostales, los recibió y les pidió disculpas por los daños causados por la intolerancia de los católicos italianos.

Con motivo del proceso electoral de 2024 la Iglesia Católica convocó a reuniones de sus laicos mas cercanos e hicieron propuestas a las y el candidato presidencial para garantizar la paz y la justicia. No incluyeron en este pliego petitorio eliminar la intolerancia religiosa y garantizar el ejercicio de sus derechos religiosos a evangélicos y pentecostales, particularmente en áreas rurales. Miles de evangélicos fueron y son expulsados de sus viviendas, se los encarcela, les exigen el pago de fuertes multas, les quemaron sus viviendas y robándoles animales domésticos y otros bienes.

Nadie es responsable de abordar la violación del derecho constitucional a la libertad religiosa de quienes no son católicos. Los funcionarios federales miran para otro lado, el Poder Judicial de los estados no da curso a las denuncias y los obispos católicos mexicanos, quienes en forma militante y consistente no están de acuerdo con el Concilio, ni con el papa Francisco, siguen alentando en forma solapada pero contundente la intolerancia religiosa en sus áreas de influencia, cómo son los casos más recientes de los estados de Oaxaca y de Hidalgo. Los obispos católicos exigieron y lograron que se eliminara de la Constitución el concepto juarista de libertad de cultos por el de Libertad religiosa, ahora esgrimen el concepto de Libertad religiosa para solapar la persecución y los abusos contra quienes no piensan como ellos y ejercieron esa Libertad religiosa para irse del catolicismo.

“Todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales”

Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH

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