El jueves 23 y el viernes 24 de abril el representante de la Santa Sede, Franco Coppola, fue a la ciudad de Apatzingán, en el mexicano estado de Michoacán, y de allí se trasladó a la localidad de Aguililla, una sufrida comunidad azotado por la violencia del crimen organizado. En la ruta, fue haciendo paradas y saludando a pobladores desesperados que no tienen la posibilidad de irse a otra parte e incorporarse a los contingentes de desplazados por la violencia. El Nuncio rechazó la protección ofrecida por el gobierno del estado y viajó acompañado del obispo y otros religiosos. Sólo era escoltado por periodistas interesados evidentemente en cubrir la noticia. Se reunió con los pobladores a puertas cerradas, sin la presencia de ninguna autoridad municipal o estatal y dio una misa abierta donde los asistentes vestían de blanco y portaban globos de ese mismo color.

El Nuncio aclaró que estaba dispuesto a conversar con todos los sectores involucrados y que llamaba a un diálogo a la delincuencia organizada para que se arrepintieran y cambiaran de actitud. Manifestó, con toda claridad, que no venía a regañar a nadie y que esperaba aportar al perdón, el arrepentimiento y el desmantelamiento de las condiciones locales de violencia. La actitud de Franco Coppola implicó un cambio radical en la posición de la Iglesia Católica frente a los problemas mexicanos.

La Jerarquía Católica ha tenido un papel protagónico en la historia reciente de México.

El 1º de diciembre de 1988 estuvo presente con ropa clerical en la toma de posesión del presidente Salinas de Gortari, por primera vez en más de 150 años de radical separación entre el Estado y la Iglesia. En 1992 se reformó la Constitución mexicana y se les permitió votar a los ministros de culto, derecho que les era negado por “jurar lealtad a un monarca extranjero”: el pontífice en turno. Las iglesias podrían tener personalidad jurídica y se abrió las posibilidades de establecer relaciones diplomáticas. El delegado apostólico se transformó en embajador, y México abrió una embajada en la Ciudad del Vaticano. En sentido jurídico, México tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede, una institución sumamente ambigua en el campo del derecho internacional. Tiene un doble papel: el Sumo Pontífice es monarca teocrático absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano que tiene una extensión territorial de 60 hectáreas, asimismo es obispo de Roma y Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, otra estructura de la que también es monarca absoluto, por eso el nombre de Santa Sede. La Iglesia Católica tiene alrededor de 1,600 personas con ciudadanía vaticana, pero además considera que tiene jurisdicción sobre todos los bautizados, que son más de mil millones de habitantes del planeta, entre ellos muchos millones de mexicanos, ese fue el conflicto con los liberales, quienes le negaron al Papa cualquier jurisdicción sobre los ciudadanos mexicanos, que a su vez eran católicos.

En tanto el Estado del Vaticano tiene relaciones de Estado a Estado y como Iglesia, el embajador del Vaticano llamado Nuncio tiene también el rol de representante del Papa como cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y, ostentando su dignidad de arzobispo participa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, desempeñando el rol de representante de la máxima autoridad eclesiástica. En varios países latinoamericanos es, a su vez, Decano del Cuerpo Diplomático con lo cual tendría un cierto desempeño como representante de otro Estado y cabeza protocolaria, nada menos, que de los distintos representantes de países acreditados con los que el Estado local mantiene relaciones diplomáticas.

La ciudad de Roma, Italia, tiene el privilegio de contar con dos embajadas mexicanas. En esta perspectiva cabe preguntarnos a qué se dedica el embajador ante la Santa Sede. Antes de 2018 gestionó, con notable éxito, la designación de obispos cercanos a los gobiernos en turno, esto limitó la capacidad de los obispos, y, en la última asamblea del Episcopado el Nuncio les dirigió un discurso muy crítico donde les señaló con todas las letras que eran responsables de la crisis del catolicismo nacional. El Episcopado ha guardado silencio desde el cambio de gobierno en 2018, aunque continúa sus operaciones políticas en forma discreta. Su aparición más reciente después de dos años fue la critica a un proyecto de ley sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva, que garantizaba ciertos derechos a la población LGTBQ. La presencia del representante del Vaticano en Aguililla marca un quiebre con la política de la Jerarquía Católica y la coloca en el marco de la Encíclica Fratelli Tutti (Todos hermanos).

Con este gesto decidido y audaz, el Nuncio se pone al frente de la Iglesia y abandona el área de confort y componendas con los poderosos a los que están acostumbrados los obispos. La pregunta es si lo dejaran sólo con su habitual quietismo y silencio, o sí están dispuestos a romper sus compromisos de muchos años.

Doctor en antropología,
profesor investigador emérito ENAH-INAH

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