Desde hace varios años las notas sobre abusos de todo tipo al interior de varias iglesias han ocupado la primera plana en muchos medios de comunicación. Un tema sistemáticamente soslayado por los grandes medios, temerosos de perder el apoyo publicitario de grandes grupos empresariales que los colocarían en una situación delicada en términos financieros.
El ocultamiento de esta información se transformó en un problema para los medios que eran rebasados por la información de las agencias de información, quienes mediante el acceso a las redes sociales, el internet y la globalización de la información construían un desafío a la legitimidad de los medios locales, quienes si no abordaban los temas “espinosos” que comprometían en muchos casos a miembros de las elites locales: eclesiásticos, políticos e incluso a integrantes de los medios como el cine y otras actividades.
En este análisis abordaremos el caso de los medios eclesiásticos pues la prensa se ha dedicado preferentemente a políticos y empresarios de la farándula. ¿Cuáles son las dificultades para difundir estas situaciones de los ambientes eclesiásticos?
En primer lugar, las iglesias asumieron una estrategia de ocultamiento y protección de los abusadores temerosos de perder prestigio y credibilidad entre sus feligreses. Esta actitud terminó revirtiéndose contra las instituciones.
Mi pregunta apunta a dilucidar por qué las iglesias adoptaron esta estrategia notoriamente fallida. El principal cuestionamiento apunta al carácter de los ministros de culto. En el caso de la Iglesia Católica Apostólica y Romana construyeron durante siglos un perfil según el cual eran una “institución perfecta creada por Dios” y sus sacerdotes consagrados adquirían en términos populares el carácter de “hombres de Dios”, un carácter sagrado, donde cualquier cuestionamiento podía ser sospechoso de herejía. En el mundo no católico existen iglesias que también dan un carácter divino a sus fundadores y lideres, donde el reconocimiento de este tipo de comportamientos pondría en discusión la existencia misma de la institución.
Una revisión de los archivos históricos, tanto de España como de América Latina muestra que los abusos de carácter sexual y patrimonial existen desde hace varios siglos. Las iglesias en muchos casos habían podido controlar a los delincuentes, a la vez que evitaban el escándalo y el conocimiento de estos comportamientos delictivos. El motu proprio del papa Juan XXIII de 1962 ordenó bajo pena de excomunión mayor mantener el secreto de estas actuaciones y prohibía informar a las autoridades civiles. Existe detrás de estas disposiciones el concepto de fuero eclesiástico y que la “ropa sucia se lava en casa”, a la vez que convierte el delito de “solicitación” en un pecado redimible con oraciones y cuestiones similares y no en un delito en los términos de la ley civil.
Paralelo a estas situaciones los distintos países fueron emitiendo cada vez más legislaciones de protección de los menores de edad y a nivel internacional se fueron afirmando la protección de las y los niños. También se fueron consolidando legislaciones de protección de las personas y particularmente las mujeres.
Las iglesias no supieron comprender “los signos de los tiempos” y particularmente la consolidación de procesos de ciudadanización que hacían énfasis en los derechos de las personas, frente a los aparatos de poder, tanto el Estado, los gobiernos e instituciones poderosas como las iglesias. En el caso de los países de tradición católica el papel de iglesia de estado o protegida por el estado cada vez más era cuestionada por la sociedad.
La iglesia católica penalizaba más el escándalo que el comportamiento delictivo de sus integrantes, poniendo el prestigio institucional frente al dolor de sus víctimas y es evidente que nunca ponderaron la dimensión de los abusos del clero. “Preferimos que ocho católicos dejen de creer a que millones desconfíen de la Iglesia”, fue la respuesta a quienes estaban denunciando hace 25 años.
El asunto es que actualmente son millones los que denuncian, si tomamos sólo en cuenta los más de 330,000 denunciantes en Francia ante una investigación independiente. Se complica aún más con la crisis de vocaciones sacerdotes y religiosas en el mundo quienes en muchos casos pueden cuestionar la autoridad de la Jerarquía.
Sabemos que en muchos casos y probablemente la mayoría del personal religioso están consternados por los escándalos y muchos creyentes todavía confían en la institución. El desafío es como depurar, denunciar, descartar y renovar la institución para que vuelva a ser confiable. Para que haya perdón es indispensable la justicia.
