Los rebrotes de Covid-19 en varios países tras abrir las actividades económicas, educativas y sociales, deja en claro que reactivar la economía depende de controlar la pandemia. En otros casos, la forma en que continúan diseminándose los contagios, indican que, a su vez, el control de la pandemia depende de reducir la pobreza.
Desde hace ya un buen rato se discute sobre los efectos perniciosos de la pobreza sobre el crecimiento económico, debido entre otras cosas al aumento de la inseguridad, la violencia y en general a los efectos negativos sobre la cohesión social. Ahora, con la irrupción de la pandemia por el Covid-19 se reafirma que si no se resuelve de manera urgente el problema de la pobreza, el Covid-19 tardará más tiempo en ser controlada.
La pandemia no generó la crisis económica. Llegó en la mayoría de los países, en contextos de bajo crecimiento, con baja recuperación del empleo desde la crisis de 2008 y, en muchos de ellos, con altos niveles de informalidad en sus mercados de trabajo, y como única forma de controlarla se recurrió al confinamiento y suspensión de actividades consideradas no esenciales, lo cual se esperaba en un principio fuera de muy corto plazo dados los efectos negativos sobre la economía, el empleo y, por tanto, sobre el ingreso.
En el caso de México, los efectos de la pandemia han sido severos en cuanto a la cantidad de personas contagiadas y de fallecidos, pero también en la elevación de los niveles de pobreza que recién se estaban encauzando hacia una mejoría con la elevación del salario mínimo desde inicios de 2019.
Lo anterior es importante porque se ha observado que existe una alta correlación entre nivel de contagios y pobreza ya que estos han aumentado en manera preponderante en municipios o alcaldías de difícil acceso, con transporte público precario, hogares hacinados con piso de tierra y sin agua, en los que la población debe realizar trayectos largos para llegar a sus trabajos en empleos informales y de bajos salarios. Esta situación indica que las medidas de distanciamiento físico necesarias para enfrentar la pandemia deben complementarse con medidas urgentes de protección social para la población, que garanticen su alimentación y el acceso a los servicios básicos, y que ello no dependa de contar con un empleo remunerado.
La pandemia por Covid-19 ha obligado al gobierno federal a redoblar esfuerzos para apoyar a los más vulnerables. Inició con el apoyo a adultos mayores y actualmente están en marcha al menos cinco programas de apoyo directo y otros de apoyo a la microempresa. Dichos programas deben complementarse con una mayor recaudación fiscal que permita su permanencia más allá del Covid-19. Hay estudios que demuestran que apoyar a las personas en pobreza extrema podría significar menos de 1% del PIB, lo que al final ayudaría en la reactivación económica. En el mismo sentido, la educación no debería afrontarse excluyendo a los que menos tienen. La CEPAL ha estimado que para el caso de México, dotar de tabletas, computadoras e internet costaría poco más de medio punto porcentual del PIB, y se evitaría agudizar la desigualdad social debido a la deserción escolar. El acceso a la educación debe garantizarse también como un derecho humano fundamental.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante CACEPS. caceps@gmail.com
