Nos cuentan que tras la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley del Derecho al Bienestar, el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, externó su preocupación tras advertir que esta ley busca centralizar los programas sociales —lo que el gobierno capitalino rechaza—, hecho que podría afectar a todas las mujeres de su demarcación que actualmente son beneficiarias de los programas pensados y ejecutados para hacer el piso más parejo. Ante ello, el edil reelecto anticipó que solicitará por escrito al Gobierno central que brinde certeza sobre los alcances de esta ley. Nos recuerdan que desde el inicio de su primera gestión, Tabe firmó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, para que evaluara los expedientes de las aspirantes y decidiera quién realmente lo necesita, con lo que se buscó combatir la corrupción de administraciones anteriores.
Apresuran transición en Xochimilco
Nos hacen ver que el proceso de transición en las alcaldías comienza a tomar forma luego de que la Contraloría General emitió los lineamientos. Del lado de Morena, será la alcaldesa electa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, la primera en dar inicio a estos trabajos en la demarcación, con el anuncio de los integrantes de la comisión de transición de la alcaldía, a quienes presentará este martes. No recuerdan que prácticamente todos los alcaldes electos de Morena habían tenido un perfil bajo en cuanto a actividades públicas tras su triunfo el 2 de junio. Y es que las comisiones de transición en las alcaldías tendrán que instalarse a más tardar el próximo 19 de agosto, por lo que seguramente comenzaremos a ver más movimiento. Habrá que estar pendientes de la transición en el Gobierno central.
Vislumbran otro periodo extraordinario
Nos dicen que los primeros días de agosto se realizará otro periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad. Y es para avanzar en las iniciativas que envió el jefe de Gobierno, Martí Batres, para modificar diversos artículos de la Constitución capitalina en materia de mejoramiento barrial —que es plasmarlo en la Carta Magna como el programa de comedores sociales y el presupuesto para las unidades habitacionales—; la función judicial que busca otorgar criterios a los jueces para que privilegien el bienestar social y respeto a la propiedad privada. Los diputados, nos dicen, trabajarán en comisiones próximamente.