El pasado 07 de enero presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato , que tiene como espíritu garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía mexicana a participar en este ejercicio democrático.
Para que esto suceda, el Instituto Nacional Electoral podrá celebrar convenios de colaboración con los organismos públicos locales electorales, para la realización de las diferentes actividades propias del proceso de revocación de mandato; procurará habilitar los mismos inmuebles para la ubicación de las casillas que fueron determinados para la jornada electoral anterior y podrá crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral.
Con lo anterior, sin duda, se generaría un ahorro bastante significativo en lo que hace a la instalación de casillas, pudiéndose reducir por lo menos hasta en un 50 % de las que se instalaron en el proceso electoral federal del 2021.
Recordemos que en la elección federal pasada -2021-, se instalaron 154 mil 322 casillas, de las 162 mil 570 aprobadas por el Consejo General de la autoridad administrativa electoral.
Ahora bien, Lorenzo Córdova en su comparecencia ante la Cámara de Diputados señaló que, para organizar el proceso de revocación de mandato, se necesitaría la cantidad de 3 mil 830 millones de pesos, pues considera que este ejercicio es una especie de elección al revés y tiene que tener todas las garantías de una elección constitucional.
El Instituto Nacional Electoral proyectó la instalación de 161 mil 400 casillas y la participación de 37 mil 851 capacitadores y asistentes electorales, para las 32 entidades federativas del país y en los 300 distritos electorales.
En el mes de diciembre luego de la reducción a su presupuesto para este 2022, el Instituto Nacional Electoral determinó como medida extraordinaria, posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018 – 2024.
Sin embargo, la Corte ordenó la continuación de las actividades debiéndose ajustar el presupuesto para ello, y en su caso, solicitar una ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para así garantizar la participación ciudadana en el proceso.
Hoy más que nunca cobra fuerza la necesidad de reformar el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya que el Instituto Nacional Electoral anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda, la cantidad de mil 738 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato.
A través de los centros de votación propuestos en la iniciativa, sería un ahorro suficiente para el Estado mexicano, pues de la totalidad de casillas que el Instituto Nacional Electoral pretende instalar, únicamente sería necesario el 50 %. De esta manera salvamos la petición de más recursos a Hacienda
El Instituto Nacional Electoral cumpliría con el mandato constitucional y con el mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de llevar a cabo el proceso de revocación de mandato.
Con la figura de revocación de mandato se actualiza el principio de “El pueblo pone y el pueblo quita”; por eso hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para sumarnos a un gran acuerdo en beneficio de nuestra democracia, en beneficio de México.
Senador
