El pasado 23 de abril, el Gobierno de los Estados Unidos (EU) envió al de México la nota diplomática a partir de la cual el T-MEC entrará en vigor el 01 de julio de este año. En un contexto en donde el Gran Confinamiento, derivado de la pandemia del Covid-19, ha llevado a una drástica contracción de la economía mundial, el T-MEC marca un nuevo capítulo en la historia de los tres países y se constituye en el principal instrumento comercial de México.
Previo a la pandemia, en el 2019, México se había constituido ya en el principal socio de EU, por arriba de China, con un intercambio comercial que alcanzó los 614,500 millones de dólares (dls), de los cuales las exportaciones a la economía estadunidense representaron más de 380 mil millones de dls; con ello, se muestra lo importante que representa para nuestro país la integración comercial de América del Norte.
La pandemia también ha revelado la clara convergencia que existe entre los mercados y la evidente sincronización de los ciclos económicos, que lleva a un equilibrio entre la demanda y la oferta y deriva en la complementariedad de las plantas productivas de ambas naciones.
Así, el T-MEC no solo ofrece ventajas arancelarias, sino que permite mantener, incrementar y consolidar el comercio y las inversiones. Sin embargo, para que la integración de las tres economías continúe, es necesaria la convergencia de políticas públicas y la adecuación del marco jurídico a fin de consolidar los compromisos alcanzados y cumplir cabalmente lo establecido en el T-MEC.
Con tal propósito, el Senado ha llevado a cabo reuniones con diversos actores como las cámaras empresariales, representantes de industria de la manufactura y farmacéutica, Sociedad de Autores y Compositores, el Consejo Nacional Agropecuario, secretarios de Estado y funcionarios de la administración Pública Federal, entre otros, para hacer las consultas necesarias para adecuar el marco jurídico y, con el consenso de todas las fuerzas políticas en el seno de la Comisión Permanente, convocar a un periodo de sesiones extraordinario del Congreso de la Unión, a fin de aprobar dichas leyes antes del 1 de julio.
Lograr la aprobación y adecuación del marco jurídico, respectivamente en cada uno de los tres países, permitiría una integración económica más ordenada y evitaría que cualquiera de las partes pudiera implementar prácticas desleales de comercio. Al respecto, recordemos que previamente México realizó una reforma laboral para asumir los compromisos adquiridos en el T-MEC, además de cambiar la Ley del Trabajo para mejorar el sistema de justicia laboral, dar independencia a los sindicatos mexicanos y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. De igual modo, se acordó crear “agregados ambientales” que verifiquen el cumplimiento de las normas en la materia.
En esta ocasión, entre las leyes que necesitarían aprobarse se puede mencionar la Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley de Protección a la Innovación Industrial, que sustituiría a la actual Ley de Propiedad Industrial, reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, al Código Penal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales.
México tiene en el corto y mediano plazo importantes desafíos que deben enfrentarse para recuperar el crecimiento económico. Tan solo el pasado 11 de junio el INEGI anunció que el índice de Actividad Industrial registró una caída del (-) 25% en abril respecto a marzo y, en cualquier escenario, la convergencia de los ciclos económicos de México y EU exige una coordinación para que la reapertura de la planta productiva tenga un impacto positivo sobre el bienestar del país.
Adecuar el marco jurídico a los nuevos compromisos derivados del T MEC, es un asunto de responsabilidad que debe asumir cada una de las fuerzas políticas, ante una crisis mundial que no muestra signos de que sea breve, pero que es mejor enfrentar con las ventajas que nos ofrece la integración económica y la complementariedad de la planta productiva entre quienes son nuestros socios comerciales más cercanos.
Senador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
