El próximo 6 de junio en México se llevarán a cabo las elecciones más grandes de nuestra historia en las que las y los mexicanos votaremos para renovar más de 21 mil cargos en todo el país, entre los que se encuentran 500 diputaciones, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.
Se trata de un gran esfuerzo organizativo para que casi 95 millones de personas puedan ejercer su sufragio en 161 mil casillas para constituir los poderes legislativo federal y el de 30 entidades, así como casi la mitad de los ejecutivos estatales y tres cuartas partes de los municipios del país.
Ello obliga a que todas las instituciones federales y locales actúen con gran responsabilidad y a la altura de las circunstancias para garantizar la consolidación de la democracia. Ese proceso deberá realizarse con apego estricto a la Ley tanto por los partidos políticos, quienes abanderen alguna candidatura o por quienes decidan acudir a las urnas como ciudadanos.
Quienes, en primer lugar, tienen la obligación de respetar y hacer que se respete el Estado de Derecho son las autoridades. Todos quienes ocupan actualmente una responsabilidad en el servicio público deberán ser garantes de una absoluta neutralidad institucional para que los recursos única y exclusivamente se dediquen a los programas y acciones para los que están autorizados.
En particular, es indispensable cuidar que no haya desviaciones de los presupuestos para beneficiar alguna candidatura y permitir que la ciudadanía pueda ejercer de manera totalmente libre su derecho a elegir a sus representantes y gobernantes.
En ese sentido, hay que recordar que la actual legislatura el Congreso federal aprobó una reforma constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a las personas que cometan el delito grave de uso de los programas sociales con fines electorales.
Sin duda, México cuenta hoy con un sistema electoral robusto basado en la Ley. En primerísimo lugar se encuentran las autoridades electorales encargadas de la organización de las elecciones y de vigilar el cumplimiento de las normas legales. De hecho, en esta ocasión, también se pondrá a prueba la autonomía de la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía especializada en delitos electorales y, por supuesto, el tribunal federal y el de los estados deberán impartir justicia de forma imparcial.
Los poderes ejecutivos de los tres órdenes deberán cuidar que todos los servidores públicos mantengan una conducta honesta. En especial, es necesario asegurar que los programas sociales no sean manipulados por ninguna organización, candidato o candidata.
Las elecciones deben estar blindadas contra cualquier intento o forma de fraude. Para ello, es indispensable que todos asuman que México ha luchado por tener comicios limpios y que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar que se violente su voluntad. Las precampañas, campañas, la jornada electoral y su calificación posterior deben ser transparentes, justos y apegados a los más altos estándares de la civilidad política y legalidad.
El reto que tenemos todas y todos los mexicanos es que ese proceso se realice en un clima de paz, de manera respetuosa y, ahora también, en condiciones de sanidad, ante la pandemia que vivimos. Para ello, se requiere el firme compromiso de fortalecer nuestra vida democrática y demostrar que en la nueva época que vivimos nadie está por encima de la Ley y que todos deseamos que las instituciones, antes que nadie, se conduzcan con neutralidad.
