El 1 de julio entrará en vigor el T MEC y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Jefe de Estado, planea visitar los EEUU para conmemorar, junto con el presidente Trump y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, esta histórica y nueva etapa comercial entre los tres países.
Con su asistencia, el presidente cumple su responsabilidad de velar por los intereses nacionales. El TMEC es el más importante de los tratados que tiene México, no solo por el intercambio comercial que se genera sino porque atrae inversiones de otros países que quieren aprovechar nuestra cercanía y buenas relaciones con el mercado más grande del mundo para instalarse en nuestro territorio.
Sin embargo, debemos reconocer que las inversiones no llegarán solas, y que resulta necesario mandar un mensaje, de gran simbolismo, que muestre a los demás países y empresarios del mundo, la confianza y los buenos términos para hacer negocios e impulsar un desarrollo económico incluyente en ambos lados de la frontera. A eso precisamente va el presidente, a enfatizar que en México se puede confiar para invertir.
Todo el mundo tiene expectativas por conocer las reglas en que se podrán comerciar e invertir dentro del marco del T MEC y al respecto los propios senadores llevaremos a cabo un periodo extraordinario para armonizar las leyes que permitan su aplicación, con reglas claras para producir, comercia e invertir.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, también se ha pronunciado respecto a la certidumbre que debe existir y que requieren los inversionistas y, particularmente, ha escuchado las quejas de los del sector de las energías renovables.
Lo anterior viene a cuento por la cancelación de contratos, que desde la perspectiva del gobierno de AMLO fueron hechos a modo para otorgar apoyos y subsidios directos a las empresas y no al consumidor y que implican un costo inaceptable al año por alrededor de 160 mil millones de pesos. Que además era necesario cancelar porque con la pandemia se redujo el crecimiento económico y con ello bajó el consumo de energía; en esta circunstancia, quien estaba obligado a parar sus plantas era la CFE, lo que le acarrea un mayor desmantelamiento y pérdida de valor. El estado de derecho no se ha lesionado, pues el conflicto se dirime en los tribunales y será el poder judicial quien dicte resolución.
Es conveniente también al respecto, recordar que este gobierno logró incluir en el TMEC que se mantenga la rectoría del estado en todo el sector energético y que, en materia de hidrocarburos, la propiedad sea directa, inalienable e imprescriptible de la Nación, tal y como lo ordena en el artículo 27 constitucional.
Entonces, en este asunto, lo único que se le reprocha al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es de que pugne por que se haga cumplir la Constitución y el propio TMEC.
En los momentos en que nos encontramos, en una emergencia de salubridad que ha escalado a una crisis económica, cuyas consecuencias sociales pueden ser muy negativas para la paz y la estabilidad debemos actuar con prudencia y racionalidad, teniendo en cuenta que la contracción económica afectará a todos, pero más drásticamente a los sectores más pobres, a los trabajadores con bajas remuneraciones, a las capas medias, a quienes dependen de las remesas.
Debemos considerar que después del gran confinamiento, el mundo será otro, y que debemos afrontar los problemas globales que se presenten de manera conjunta con nuestros socios comerciales y económicos. Nuestros mercados y cadenas productivas son complementarios; nuestros ciclos económicos se encuentran sincronizados y que lograr el equilibrio entre oferta y demanda requiere la reapertura de la planta productiva de manera coordinada con esos, que por cuestiones geográficas, son nuestros principales aliados.
Fb: Eduardo Ramírez; Twitter e Instagram: @ramirezlalo_
