México es uno de los países que ha consagrado en su Constitución, en su artículo 4o, el derecho humano al agua y al saneamiento (DHA). Sin embargo, la formulación y posterior aplicación de una Ley que garantice este derecho, requiere de recursos e inversiones, así como de recursos humanos capacitados, planificación estratégica, estudios y proyectos de inversión y gasto.
En este sentido, concentrando la atención en los temas de recursos financieros, vemos con preocupación que el Presupuesto para la Conagua, enviado por el Gobierno Federal al Congreso, será de 22 mil 785 millones de pesos, lo cual significa una reducción general de 4% de los recursos para 2020, afectando de manera severa programas prioritarios como el Proagua y el de Infraestructura Hidráulica, que tienen una reducción de 30% y 60%, respectivamente. En la historia de Conagua (1989 a la fecha), no se había experimentado una situación tan adversa. El rezago existente en programas de inversión en materia de agua es considerable y esta situación presupuestal para 2020 lo agravará aún más.
Prácticamente todos las entidades federativas tienen reducciones que van desde 3.24% hasta 72.51%, que es el caso de Aguascalientes. Sólo Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, presentan un incremento.
¿Qué significan estos números? De acuerdo con la organización civil México Evalúa, al realizar un análisis del presupuesto para 2020, del dinero que se destinará a la inversión pública, de cada 100 pesos destinados a infraestructura, sólo 43 centavos se dedicarán al agua.
De aprobarse tal cual esta propuesta, nuestro país entraría en una curva negativa en cuanto a la atención prioritaria que requiere el sector, con afectaciones sociales, económicas, políticas y de salud. El agua no aparece en las prioridades o en las políticas públicas de la presente administración, ni en el discurso ni en los hechos. El agua, que debería ser un eje estratégico y fundamental en la agenda nacional, presentaría uno de sus presupuestos más bajos de los últimos 5 años. La desatención al sector agua es preocupante.
Las necesidades de inversión para cumplir en la práctica con el compromiso político, ético y constitucional del derecho humano al agua son enormes. Aún cuando se pudieren alcanzar los ritmos de inversión media anual de las pasadas dos administraciones, la brecha entre las necesidades de agua y el avance en el suministro de estos servicios seguiría creciendo.
Para cumplir con los conceptos inherentes al derecho humano al agua de calidad y en cantidad aceptables, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a los que México está también comprometido, se estima se requeriría una inversión de 314,150 millones de pesos actuales, distribuidos a lo largo del período 2019-2024. El equivalente de inversión media anual apenas representa 0.0023% del PIB, cifra que no es desproporcionada considerando la elevada importancia del tema. A lo largo de diez años, tendría que destinarse un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos anuales a valor presente, lo cual parece una inversión razonable si se quiere resolver un tema de justicia social y ética de estas proporciones. Un nivel de inversiones en el sector agua de esta envergadura, e inclusive superior a esta cifra, a precios actuales ya se había tenido en el pasado.
Por ello, el Consejo Consultivo del Agua propone se incluya, dentro de la Ley General, un calendario de inversión obligatorio, partiendo de la fecha de aprobación de la Ley y hasta 2030, con el objeto e intención de que el Derecho Humano al Agua tenga los recursos suficientes para que se cumpla plenamente, y que la Conagua sea la responsable plena de su ejecución.
De ese tamaño es el reto que tiene nuestro país. De ese tamaño la preocupación que debería tenernos a todos impulsando un mejor presupuesto en beneficio de los más pobres, que son los que sufren los peores estragos por la falta de agua. En efecto, los rezagos más dramáticos en materia de agua para consumo humano se presentan en las comunidades rurales con menos de 250 habitantes, en las cuales se asienta la población en pobreza extrema.
El presupuesto presentado para 2020 centra sus prioridades en los programas sociales; también lo hace en la seguridad y en el rescate de Petróleos Mexicanos, cuando lo que debería preocuparnos –y ocuparnos– es la disminución a los programas prioritarios de la Conagua.
Consejero del Consejo Consultivo del Agua
