Este domingo 5 de junio se eligieron 6 gubernaturas, un congreso local y 39 presidencias municipales con sus respectivas regidurías. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de puestos por elegir puede parecer pequeña junto aquellos que estuvieron en juego en 2018 o el año pasado, el proceso electoral es de gran trascendencia para la democracia mexicana debido al contexto en el que se han desarrollado. Por esta misma es necesario considerar el perdurable, y negativo, impacto que algunos hechos ocurridos durante el proceso electoral.
El primero es la preocupante ubicuidad del crimen organizado en la escena electoral a lo largo y ancho del país. Ya sea con acciones directas y violentas, como levantones por parte de comandos armados que claramente operan a favor de grupos políticos específicos, como empresas fantasmas que ligan a los contendientes a la ilegalidad o, el mejor de los casos, financiando campañas de forma ilegal, desde gobierno y asociaciones “civiles” hechizas, el crimen ha dejado su impronta.
Como resultado de todo esto, las palabras narco estado y narco elecciones, que durante tanto tiempo parecían exclusivas de otras latitudes, han echado raíces y han transformado nuestras elecciones de tal forma que los ciudadanos estamos cada vez menos presentes como factor de decisión, reduciendo en muchos casos el proceso democrático a una farsa macabra.
Un segundo aspecto sumamente presente en este proceso electoral es la ínfima calidad del debate que pudimos presenciar como consecuencia del mismo tipo de candidatos y discursos durante las campañas. Acusaciones volaron de uno y otro lado y se mencionaron prestanombres, fraudes, transferencias ilegales, empresas fantasmas, negocios turbios, se filtraron audios y se hicieron cientos de memes en cada una de las elecciones… y pareciera que nada más ocurrió.
La propuesta, la planeación, el compromiso para poder reducir las brechas de pobreza, mejorar la educación, la seguridad laboral y estrategias para la distribución de la riqueza fueron los aspectos menos importantes para un gran número de candidatos, quienes se preocupaban más por denostar y calumniar que en demostrar que no serán un grupo más de improvisados una vez que lleguen al poder.
Un día se hablaba de las cuentas ilegales de un candidato, al siguiente de que su partido había apoyado tal o cual proyecto fracasado por la corrupción, a los 10 minutos de los nexos que su hijo (hermana, prima, expareja, socio, secretario particular y un largo etc.) tiene con organizaciones criminales o sociedades defraudadoras. Todo para que de inmediato, desde la otra esquina del ring lancen un pastel de bosta igual o peor.
La ética, vista como los límites que se debe tener en el ejercicio de la política profesional es algo inexistente, y si observamos con cuidado ala gran mayoría de estos candidatos podremos anticipar el tipo de gobernantes que serán en cada caso.
Otro punto, para nada novedoso pero agudizado por la polarización política y la descomposición partidista que se vive en la actualidad, es la deslealtad de la clase política a la ciudadanía y a los “proyectos de nación” que supuestamente enarbolan los partidos políticos a los que pertenecen.
La moda actual consiste en cambiar de chaqueta cada vez que se presenta la oportunidad de acceder a un nuevo puesto de elección popular, el proyecto personal antes que un proyecto de gobierno y para la ciudadanía.
El candidato que un día era tricolor se volvió guinda, el amarillo se tronó azul, el verde tricolor y el rojo-amarillo en púrpura… así podemos continuar con permutaciones sin fin. Esto ha llevado al fenómeno constante de que el/la “inmaculad@ candidat@” que hoy se presenta por un partido político se enfrente en las urna a su ex compañera o compañero al que tenía en alta consideración unos meses antes y era su correligionario.
Como consecuencia, los ciudadanos percibimos las elecciones como algo que no nos atañe y nos damos cuenta que difícilmente podremos acceder algún día al poder pues cada una de las candidaturas son coto privado de las mismas personas, que únicamente mudan de partido para seguir enquistados en el poder y el presupuesto, fomentando un abstencionismo cada vez más alto.
Sumado a todo esto se encuentra en marcha una serie de acciones desde los gobiernos de los tres niveles para imponer su voluntad por encima del deber y trabajo democrático institucional. Es decir se busca dominar, someter o de plano desaparecer a tribunales e instituciones electorales al considerarlos un obstáculo para que, los políticos, puedan imponer una nueva época de ejercicio del poder sin trabas o contrapesos.
En suma, estas elecciones que han sido señaladas como un ensayo de lo que nos espera en 2024, no dejan mucho espacio al optimismo. Si estas semanas pasadas y el día de hoy son el laboratorio donde cada grupo, legal e ilegal, de gobierno u oposición, está probando sus tácticas para la próxima elección federal es posible que el caos se apodere de la escena político-electoral de nuestra nación al momento del relevo presidencial.
Los partidos y políticos no se ven a la altura del desafío y los ciudadanos estamos pobremente vinculados con nosotros mismos, una combinación que cierra el paso a la mayoría de los liderazgos no partidistas que pueden proponer nuevas y más eficaces formas de ejercer el gobierno. En suma, las elecciones locales de 2022 fueron de baja calidad y no fomentaron la ampliación de la democracia mexicana.
Y esto apenas empieza.
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