Como si se tratara de una película serial de terror, al estilo de SAW o de Scream, el fantasma del fraude electoral sigue rondando México, tal y como lo ha hecho de manera más o menos clara desde 1988, el año en el que Bartlett logró crear la realidad alternativa de la caída del sistema.
Por supuesto que no es el mismo fantasma, el fraude se ha transformado en un espectro ubicuo y sofisticado. En las décadas anteriores era el argumento casi exclusivo de la oposición para explicar la razón por la cuál el eterno candidato López Obrador no lograba hacerse con la presidencia.
En cambio, en el proceso electoral de 2024 el fraude es una palabra que se sigue usando con amplitud, tanto por el gobierno como por la oposición. Esto hace necesario analizar la posibilidad de que realmente ocurra.
Desde la esquina opositora hay señalamientos serios y preocupantes, que van desde la elección de estado, el uso de los programas sociales como instrumento clientelar usado como instrumento de amenaza a la población, el intervencionismo presidencial y la posible operación de la DO en favor del partido oficialista, entre otros.
La gravedad de cada uno de estos temas merece un análisis detallado, sin embargo en esta primera entrega sobre el fantasma del fraude es necesario analizar un riesgo específico que no ha sido revisado suficientemente en medios y por la sociedad: la probable crisis de los materiales electorales (boletas, actas de casillas, urnas, etc.) provocada por los manejos opacos, probablemente ilegales, de la directora de Talleres Gráficos de México (TGM), la diputada Morenista con licencia, Maribel Aguilera Chairez.
Los señalamientos acerca de acciones por su parte para que diferentes OPLE a que contraten a un grupo de empresas afines para la elaboración de toda la papelería y materiales electorales, incluyendo las boletas que se utilizarán en la elección de 2024, se ha constituido en un foco rojo que ponen en riesgo la credibilidad y certeza de las elecciones del próximo 2 de junio.
Como resultado de esto, hay dos preocupaciones principales: por una parte, que no se pueda imprimir los 230 millones de boletas, además del resto del material electoral, de acuerdo con el cronograma de la elección y por el otro que se pierda el control de las boletas y se “encuentren boletas por todos lados”, como han mencionado personajes de la oposición, como una maniobra para generar una elección incierta y posiblemente anulable.
Ambos escenarios escapan de lo que ha sucedido con anterioridad, no hay registro de algo así en la historia electoral de México. Sin embargo, en muchos aspectos esta elección no tiene parangón y se han roto reglas éticas, normas legales y la misma constitución por parte del gobierno, el presidente y su partido por lo que la sombra de duda no podrá desaparecer hasta después de la elección.
Si a esto sumamos el deterioro que muestran las instituciones electorales en lo operativo (como la falta de material para los capacitadores del INE), los severos conflictos internos de dichas instituciones y la polarización política, no es difícil imaginar que se fragüe una maniobra fuera de lo anteriormente imaginable por parte de una persona que es miembro de la bancada legislativa oficial, ahora directora de TGM.
Uno de los pilares de la democracia electoral de nuestro país ha sido el cumplimiento de los diferentes organismos y actores institucionales en el delicado y muy complejo proceso de la organización de una elección. La lucha fue, hasta este sexenio, contra la incertidumbre y la desconfianza.
Es cierto que el resultado ha sido costoso económicamente, sin embargo el retorno de esa inversión ha sido muy claro: un sistema electoral capaz de dar resultados claros y permitir el cambio de poder de manos sin violencia ni desestabilizar a la sociedad.
Es por esta razón que lo que ocurra con TGM es tan importante, más allá de la aparente trama de corrupción y tráfico de influencias. La elección podría estar en riesgo como no se tiene memoria desde la fundación de un sistema electoral apartado de gobiernos en turno.
Y, por alguna razón, no se comenta lo suficiente en medios, ni se hacen suficientes preguntas: ¿cómo es que se puso a cargo de una legisladora en activo la dirección de uno de los elementos institucionales más delicados del presente proceso electoral?, ¿por qué, a pesar de la acumulación de pruebas y testimonios que cuestionan a Aguilera Chairez no se han tomado medidas adecuadas para evitar el riesgo que constituyen sus acciones?, ¿quién le cuida la espalda para que solo unos cuantos espacios mediáticos aborden el tema y no sea un escándalo generalizado?
Más y más incertidumbre que alimenta la idea, no tan descabellada, del fraude.
@HigueraB
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