Deconstrucción y apropiación CDMX

Sin duda, la historia de la construcción de las instituciones electorales de nuestro país es un permanente estira y afloja. Por un lado, la exigencia de la ciudadanía de que su voto se respete y que este arroje como resultado gobiernos que respondan a sus necesidades. Por el otro, el interés de los partidos y sus políticos, quienes en su momento cedieron terreno y crearon un complejo sistema electoral federal (ahora nacional) y local para, acto seguido, cuestionarlo y hacer todo lo posible para someterlo o transformarlo a su imagen y semejanza.

Ya en la entrega anterior de este espacio hablé de las acciones que el presente gobierno federal ha emprendido para desmantelar las capacidades del principal árbitro electoral no judicial, el INE, y el claro proyecto de apropiación de este. Un partido surgido de la exigencia de la democracia y que desconoce las décadas de trabajo ciudadano e institucional necesarios para que accediera al poder.

Este mismo esquema, con sus variantes, se encuentra en marcha en diferentes entidades. La estrategia favorita consiste en el ahorcamiento presupuestal de los institutos, seguido de exigencias que a pesar de su legalidad son imposibles de conseguir sin los recursos correspondientes y culmina con las consabidas acusaciones falaces contra los miembros de los Consejos Generales o, en su defecto, el cuestionamiento al “despilfarro” que estos organismos realizan como justificación para la refundación.

Como dije, esto proceso se puede identificar en diversos estados de la república, pero por sus implicaciones es especialmente preocupante el que está en desarrollo en la CDMX.

Mientras la Doctora Sheinbaum se empeña en aprovechar el favor presidencial para sucederlo, embarcándose en una muy anticipada precampaña electoral con miras a la elección de 2024, algo por sí mismo éticamente cuestionable, la ciudad para la que fue votada como gobernante se acerca a una crisis institucional que puede poner en riesgo el entramado electoral que la llevó al poder y costó décadas erigir.

Esta situación es la versión local de la controversia contra el INE por la consulta popular para la revocación de mandato presidencial.

En el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), su presupuesto para el ejercicio 2021 fue recortado en $587,788,431, es decir casi un tercio de su presupuesto en un año en el que se realizan la renovación del congreso local y de las 16 alcaldías, por mencionar dos de sus principales responsabilidades.

Al mismo tiempo, a pesar de que se solicitó una ampliación presupuestaria de 500 millones, solo una quinta parte se ha entregado, generando un boquete real de 20% en el presupuesto de una de las instituciones básicas para la democracia electoral y la participación ciudad de la capital del país y atentando contra la gobernabilidad de la ciudad.

Más allá de los números, que muchas veces son tan fríos que congelan nuestra visión sobre las consecuencias, hay que destacar algunos hechos.

Por una parte, tanto el legislativo como el ejecutivo de la CDMX han sido abordados de forma continua por la autoridad electoral, con resultados diversos pero negativos en general. Con esto, ambas ramas del gobierno capitalino se desentienden de las posibles consecuencias al tiempo que eluden la responsabilidad que tienen responsables de facilitar el funcionamiento de los órganos autónomos.

En esta misma línea se encuentra la declaración de la jefa de gobierno, al solicitar una auditoría contra el IECM. Según lo dicho por la jefa de gobierno “hubo una mala planeación al no garantizar el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, como es su obligación constitucional”. Fuerte declaración, pero en la misma olvidó mencionar que dicha planeación fue presentada y rechazada por el congreso dominado por el partido político al que pertenece.

De igual forma, Sheinbaum entra en conflicto con su propia posición “constitucionalista” al decir que “el mayor peso de la elección recayó sobre el Instituto Nacional Electoral”, por lo que se debió cubrir las prerrogativas económicas de los partidos políticos capitalinos.

Omite de forma dolosa que es obligación del Instituto local “La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad” de acuerdo con el artículo 50, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México y que en 2021 se renovó por completo el Congreso CDMX y las 16 alcaldías. También olvida la dimensión y costo de dicha tarea, puesto que somos la segunda entidad nacional en cuanto a número de votantes.

Otro aspecto interesante es que, de acuerdo con la normativa, el partido político que mayor cantidad de recursos recibe a través de las prerrogativas reclamadas por la jefa de gobierno es MORENA, al ser el partido dominante en la capital. Podría decirse que a la Doctora le interesa más inyectar recursos a sus huestes que garantizar el funcionamiento de la institución electoral local.