Imagine que usted, querid@ lector@ tiene dudas sobre un asunto que posiblemente afecta el balance de poder, de pesos y contrapesos, del gobierno federal. Al punto de determinar si un poder podría ver reducida su independencia y autonomía con respecto de otro.
Cualquier ciudadano que tenga claros sus derechos puede solicitar la información sobre este tipo de acciones al gobierno federal y eso fue lo que hizo Daniel Torres Checa, abogado de la Escuela Libre de Derecho al considerar que se incumplía con la Constitución cuando la Presidencia de la República y el Senado aceptaron la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora.
La idea de Torres Checa es sencilla y clara, de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución la renuncia de un Ministro del SCJN sólo puede ser aceptada por causas graves y estás son de interés público, por tanto deben conocerse.
El paso siguiente fue lógico: hacer una solicitud de información pública a la Oficina de la Presidencia y el Senado para que dieran a conocer cualquier “documento, oficio, carta o comunicación oficial por las que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, mencione las causas graves que justifiquen su renuncia en los términos del artículo 98 del Constitución Política”1.
La respuesta que obtuvo fue que “no se encontró documento físico o digital, así como registro alguno del información lo requiere el solicitante; enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que la conforman, sin encontrar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en sus archivos”2.
Lo curioso del asunto es que el INAI no tuvo problema en localizar transcripciones de declaraciones presidenciales en una mañanera, oficios de gobernación, comunicados en redes sociales y boletines emitidos por el ejecutivo o el Senado sobre el tema.
¿Negligencia?, ¿desinterés gubernamental ante la solicitud de un ciudadano?, ¿desdén a la Constitución?, ¿otros datos?
Sin importar la causa de opacidad, la resolución del 18 de diciembre de 2019 emitida por el INAI, y la solicitud de información que la motivó, nos muestran algunos datos muy preocupantes sobre lo que está haciendo el gobierno actual.
En primer lugar, el actuar de las instituciones como el INAI ayuda a que se cumpla la máxima del presidente Obrador, que nada se encuentre fuera de la ley y nadie por encima de ella. En especial el gobierno y las instancias del Estado mexicano, sujetos obligados de la transparencia que parecen no enterarse.
Segundo lugar, el equipo de Presidencia necesita una renovación o jalón de orejas, pues no saben que hasta su jefe se refirió a documentación sobre el tema y no tiene control de sus propios comunicados y oficios. La alternativa es aún más inquietante, ¿no quisieron informarle al Presidente?
Tercero, el tiempo en el mundo político de México se mueve raro. Desde los tiempos de los relojes legislativos para hacer la farsa de que no se viola la Constitución al legislar a destiempo, hasta tiempos de 10 días hábiles en los que presidencia debe responder una solicitud de transparencia de acuerdo con una resolución de un mes antes, el tiempo es relativo. Un tiempo para la ciudadanía y otro para la clase política.
Pese a esto, con el episodio de la solicitud de información sobre la renuncia de Medina Mora se ha visto de nuevo como deben actuar las instituciones. También queda claro por qué un gobierno basado en un liderazgo casi místico quiere desmantelar los organismos autónomos que lo regulan. Solo estorban a la voluntad de hacer las cosas por impulso y no por el imperio de la ley.
Claro, a menos que los dirijan incondicionales. Entonces no nos enteraríamos de nada de lo que se supone que es información pública trascendente y entenderemos del balance y contrapesos entre los Poderes de la Unión no será una opción real.
@HigueraB
1 Tomado del texto original de la resolución del INAI al expediente RRA 14607/19 del 18 de diciembre de 2019.
2 Ídem.
