La pandemia revela de manera acuciante problemas y contradicciones sociales que permanecían relativamente ocultos en tiempos de la antigua normalidad, las cuales son resultado del modelo centralista que configuró el desarrollo del país y generó desigualdades y contradicciones entre regiones y sectores, que se convierten en un reto ante la nueva Ley General de Educación Superior. En esta materia, una constante de las políticas federales y estatales ha sido enunciar de manera reiterada la prioridad de la educación como “motor del desarrollo”; sin embargo, en el terreno de los hechos en los últimos 20 años hemos observado no solo la persistencia en el desequilibrio entre instituciones sino la polarización y el aumento de brechas entre unas y otras, lo cual se refleja en los distintos indicadores de alcances del subsistema de educación superior.
Por mencionar tan solo la cobertura territorial, podemos observar que la Ciudad de México alcanza el 97 por ciento, mientras un estado como Oaxaca tan solo el 22 por ciento. Se trata de una diferencia de 75 puntos porcentuales, lo que muestra con un solo indicador, la necesidad de una agenda para la atención de rezagos en materia de política de educación superior con programas y presupuestos compensatorios muy puntuales.
Lo anterior resulta relevante para el caso de las entidades con mayores desventajas ante una política nacional que mantenga como prioridad la atención a la desigualdad en el sector. Ello implica un trabajo intenso de coordinación entre niveles de gobierno y de cooperación interinstitucional en los ámbitos local y federal, así como entre las universidades públicas y todas las demás instituciones que confluyen en cada una de las entidades federativas.
La meta esta trazada en los compromisos presidenciales establecidos en el Plan Sectorial de Educación Superior 2020- 2024 que pretende alcanzar al menos una cobertura del 50 por ciento al término del presente sexenio. El alcance implica retos mayúsculos para entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Quintana Roo, las cuales tienen un alcance de cobertura inferior al 30 por ciento cada una, y que afecta a los jóvenes con menos oportunidades de acceso por los rezagos socioeconómicos prevalecientes.
La justificación de equidad e inclusión se encuentra enmarcada en el objetivo de dicho Plan de garantizar el derecho de la población a una educación intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque la actual realidad nos dice que “la educación superior en México sigue siendo privilegio de pocos”.
Las brechas no son recientes y datan de mucho tiempo atrás; por no ir más lejos, en las últimas dos décadas observamos que los desequilibrios entre las distintas instituciones de educación superior del país se han acentuado en lugar de corregirse, lo anterior de acuerdo a las estadísticas oficiales de la propia Secretaría de Educación Pública y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
De la misma manera, en el estado académico de la cuestión, diversas investigaciones han documentado las limitaciones en las oportunidades de acceso a la educación superior, esta situación se encuentra expresada en los indicadores de cobertura y absorción, asociados con el nivel de desarrollo de las entidades federativas.
Hace falta mucho por hacer desde las distintas trincheras y la norma se establece en la nueva Ley General de Educación Superior, aprobada ya por el Senado de la República y el Congreso de la Unión. En lo relativo al financiamiento, es urgente la constitución de un fondo que permita avanzar en el compromiso de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior con mecanismos compensatorios, que reduzca la brecha histórica entre los polos en el que se encuentran las instituciones del país.
