La pandemia que asedia al mundo, pone en cuestión las políticas educativas existentes que prohijaron un centralismo extremo a favor de algunas instituciones, en detrimento de otras más y una tendencia histórica a invertir cada vez menos en educación, afectando de manera más crítica, a aquellas universidades que se encuentran ubicadas en entidades federativas con desventaja socioeconómica, el sureste y en entidades como Oaxaca.
El parlamento abierto por el Senado de la República y el Congreso de la Unión para construir la nueva legislación en educación superior es una oportunidad para la reorganización de este nivel educativo, en lo que respecta a su legislación y a su financiamiento, que permita remontar desequilibrios y brechas entre universidades estatales entre sí, para dar sentido a los compromisos de la presidencia de considerar la gratuidad y la ampliación de la cobertura.
Así, en la revisión del paquete económico 2021, llama la atención incrementos mínimos a las instituciones del centro, mientras que para las universidades estatales se observa que el pretendido aumento es inferior al índice anual de inflación. Estas instituciones podrían resentir, además, la desaparición de los programas extraordinarios que han sido incentivos de los procesos de evaluación para la calidad.
Cabe mencionar, que los fondos extraordinarios han operado desde los años noventa del siglo pasado, con el objetivo de eliminar brechas de financiamiento entre las instituciones y ayudar a subsanar los costos que no se consideran en los presupuestos ordinarios, como son la mejora de infraestructura y los procesos académicos.
En estos últimos 30 años se constituyeron hasta 15 fondos enfocados al incremento de la calidad, al logro de la equidad educativa y a la sostenibilidad. En el transcurso de estos años, algunos de estos resintieron recortes, otros más desaparecieron. Destaca la eliminación en 2017 del Fondo de Saneamiento Financiero y Atención a Problemas Estructurales, lo que generó presiones económicas y aceleró la crisis por insolvencia de once universidades públicas estatales.
En el 2020 se eliminó el Programa Nacional de Becas de Educación Superior y se recortaron de manera drástica los programas de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, Expansión de la Educación Media Superior y Superior, Carrera Docente y Programa para el Desarrollo Profesional Docente, lo que generó mayores tensiones al interior de las instituciones. En el proyecto de presupuesto 2021 la situación se complica aún más, pues no solo observamos recortes, sino su desaparición, aun cuando estos serían estratégicos para la ampliación de la matrícula y proveer educación gratuita en estos niveles.
Por ello es importante insistir en que el financiamiento anual, debería regularse y determinarse en relación al número de planes y programas de estudios acreditados como de buena calidad por los órganos evaluadores externos, pues resulta contradictorio el aumento de los indicadores de calidad, contra la disminución del presupuesto para su sostenimiento.
El análisis del financiamiento a la educación superior que actualmente se encuentra en debate en el ámbito legislativo es muy necesario para construir un andamiaje jurídico de incremento gradual, progresivo y diferenciado para la ampliación de la matrícula y la gratuidad en este nivel educativo.
Lo anterior es relevante si consideramos el reto que las entidades federativas tienen para alcanzar la ampliación de matrícula cuya media de cobertura nacional es del 39 por ciento. En los extremos, resulta incomparable el alcance de cobertura que tiene la ciudad de México con un 97 por ciento respecto a una entidad como Oaxaca que alcanza apenas el 21 por ciento de estudiantes matriculados en educación superior.
Ante este contexto podemos afirmar que los retos no son los mismos y no se puede tratar igual a quienes las políticas del centralismo histórico convirtieron en desiguales. Por ello es preciso insistir que la legislación secundaria en educación superior debe garantizar equidad y progresividad focalizada en los diferentes esquemas de financiamiento.
De la misma manera es importante considerar de manera objetiva los esfuerzos institucionales a favor de la transparencia, rendición de cuentas y políticas de austeridad que emprenden las universidades, por encima de juicios de valor que cuestionan el ejercicio presupuestal y que afectan el trabajo de gestión que se están realizando.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana
