Refería con mucha agudeza el extinto politólogo argentino Guillermo O´Donell que es más fácil gobernar regímenes autoritarios que regímenes democráticos, porque en los primeros se opera a través de las imposiciones y las obediencias, mientras que en las democracias se debe tomar en cuenta a los ciudadanos, así como promover el debate y la libre discusión de ideas sobre los temas públicos, políticos y de gobierno.
Esta idea plantea retos para la progresiva formación de ciudadanía y posiciona el tema en el reconocimiento de la autonomía de las universidades y las instituciones de educación superior, como los espacios en donde se cultivan valores para una democracia siempre en construcción. Por ello resulta de trascendencia el registro de este tema en la nueva Ley General de Educación Superior (LGES).
En este sentido la cuestión es, ¿cómo podemos formar en democracia desde las instituciones de educación superior? Ello no solo implicaría el trabajo académico en investigación y docencia, sino que a partir de los procesos organizativos, de participación, representación y gobierno universitario se podrían construir referencias de democracia para nuestras comunidades y para la sociedad en general.
El reconocimiento de la autonomía en la nueva Ley constituye una alta responsabilidad para las universidades y un reto para todo proyecto de transformación nacional, en momentos de acechos e incertidumbres, de retornos autoritarios en las etapas de las transiciones, en las cuales las rutas pueden ser zigzagueantes, con avances y retrocesos y no solo como líneas ascendentes.
Lo anterior toda vez que las transiciones suelen ser periodos conflictivos debido a que los asideros de los regímenes autoritarios, sostenidos en la corrupción de las organizaciones corporativas y sus correas clientelares, se resisten a desaparecer y suelen contaminar los procesos emergentes durante las renovaciones.
Por ello en el nuevo marco de la Ley de Educación Superior, en lo que corresponde a la autonomía, es importante la forma en que ocurren los procesos de participación, representación y gobierno en las universidades, como un referente que trasciende a las instituciones mismas y alcanzan a sus entornos locales y al propio contexto nacional.
Es claro que el espíritu de la autonomía universitaria debe preservar la libertad y pluralidad de ideas, y que en sus espacios tengan cabida todas las voces, con sentido de inclusión, lo que lleva a plantear agendas diferenciadas en términos de tiempos y circunstancias, así como en los contrapesos entre las universidades y los poderes estatales, con sus respectivas configuraciones, que las llevan a ser o más democráticas o más autoritarias.
Esta lógica de debate de ideas sobre autogobierno, libertad de investigación, docencia, vinculación y extensión de la cultura, así como los modelos educativos, estuvieron presentes desde la preparación de la nueva Ley, como resultado de un intenso trabajo participativo en foros de consulta en las entidades del país y eventos de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas y autoridades universitarias articuladas en la ANUIES.
Por eso mismo, la nueva Ley reafirma el peso de que las respectivas leyes orgánicas de las universidades, y todas las modificaciones a la legislación debe ser resultado de procesos participativos, de consultas previas, libres e informadas a las comunidades universitarias y a sus respectivos órganos de gobierno.
El tema mismo de la autonomía de las universidades que puede percibirse como refugio de impunidad o al margen de la ley, y que genera confusión en algunos sectores, debe ser rebasado por prácticas progresivas a favor del estado de derecho y el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este discurrir, también los sindicatos universitarios necesitan abrirse al debate abierto desde las bases de trabajadores para su democratización, a tono con la nueva legislación laboral y educativa, sin los antiguos métodos coactivos y de injerencia que permitieron el control de las universidades en el viejo régimen.
En conjunto, los tiempos que vienen son importantes para poner a prueba la nueva legislación, así como el importante papel que la autonomía implica en la formación de nueva ciudadanía y en la construcción de democracia no solo para las Instituciones de Educación Superior sino también para los contextos sociales donde se ubican.
