El flagelo de la desigualdad social ha sido una constante en la historia de la humanidad, y se acentúa en nuestro subcontinente. Con toda la retórica sobre el progreso, el problema persiste y se agrava. En el más reciente informe “Panorama social de América Latina, 2021” se advierte que, a partir de la pandemia, hay un retroceso en la pobreza y pobreza extrema en la región. Esta última creció en cinco millones de personas. “En Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador y México, las tasas de pobreza extrema de 2020 son cercanas o mayores a las observadas 12 años atrás” (CEPAL, 2021:69).
Una de las dimensiones sociales que más ha afectado esta crisis ha sido el sector educativo, que se observa en el riesgo del financiamiento y el funcionamiento de las escuelas de nivel básico y de las universidades e instituciones de educación superior. Ello, aún cuando en los distintos debates que se han dado en el transcurso de las últimas décadas para orientar políticas de desarrollo y revertir la desigualdad, hay coincidencia en que uno de los rubros de atención prioritaria es la educación, debido a sus efectos igualadores y de movilidad social.
En educación superior, América Latina se ubica en desventaja en la expansión del acceso universal a la educación superior con un 52% en la tasa de matriculación, frente al 77% de Europa y Norteamérica (UNESCO, 2020). En medio de este entramado de desigualdades, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), México se encuentra diez puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de América Latina, por debajo de Costa Rica (54.0%), Uruguay 55.6%, Colombia 58.7%, Argentina 85.7% y Chile (90.3%). Hoy la brecha es de 7% (OCDE, 2018; ANUIES, 2018).
Al interior de México, las desigualdades educativas imperan a lo largo y ancho de la geografía nacional, tan solo si consideramos la ampliación de oportunidades a través del indicador de cobertura de educación superior encontramos las brechas existentes en el país. En un extremo la Ciudad de México con casi el 100 por ciento de cobertura alcanzada, y en el otro los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con menos del 24 por ciento para cada entidad del sureste mexicano. Estas brechas representan casi veinte puntos por debajo de la media nacional y un poco más de setenta puntos con respecto a la Ciudad de México, por lo que urge “remontar el rezago nacional y regional” (ANUIES, 2018), que limita el acceso equitativo e igualitario a la educación superior de muchos jóvenes mexicanos, particularmente del sureste mexicano, que se encuentra en desventaja.
La nueva legislación en materia educativa, conformada por la reforma al Artículo Tercero Constitucional de 2019 y la Ley General de Educación Superior (LGES) publicada en 2021, se posicionan como el marco normativo para abatir brechas con perspectiva territorial y garantizar el derecho humano a la educación superior en todo el territorio nacional. Esta legislación seguramente permitirá impulsar acciones concretas que nivelen el piso entre instituciones con perspectiva territorial, aseguren la calidad de programas y fortalezcan la capacidad de atención a estudiantes en las regiones con mayor rezago económico y con entornos interculturales.
Será importante retomar las múltiples aportaciones de ANUIES en el análisis de los principales indicadores socioeconómicos y estadísticas de la educación superior por regiones. En estos estudios, el Sur-Sureste resulta la región de mayor desigualdad social y la de menor expansión de instituciones y diversificación de programas pese a que cuenta con más del 20% de jóvenes en edad de asistir a la educación universitaria del país, así como la más alta proporción de personas en situación de vulnerabilidad, como son personas de origen indígena, afrodescendiente y con discapacidad, así como mujeres por el tiempo dedicado a las tareas de cuidado y del hogar.
El reconocimiento del derecho humano a la educación superior como eje transversal en la nueva LGES y de la política de educación superior constituye un paso importante para normar el cierre de brechas entre instituciones de educación superior de los estados y las regiones del país. La educación es fundamental para todo proyecto de transformación nacional.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana
Twitter: @Bautistaeduardo
