El análisis del modelo y la política de financiamiento de la educación superior que asegure la obligatoriedad y gratuidad de la misma, implica la consideración de las condiciones en las cuales operan las instituciones, la heterogeneidad de las mismas, las desigualdades entre unas y otras, pero, sobre todo, los contextos locales y regionales.
Es clara la necesidad de brindar certeza y suficiencia presupuestal a las instituciones, particularmente para aquellas que enfrentan dificultades financieras, pero también es muy relevante entender y atender las condiciones de las y los propios estudiantes, particularmente a partir de la pandemia, la cual reveló brechas en términos de conectividad entre las diferentes regiones del país, así como el acceso y disposición de equipos de computo para la educación a distancia.
Ello marca requerimientos muy puntuales en términos de inversiones en infraestructura con una orientación focalizada hacia regiones y sectores que así lo ameriten, que permita revertir desventajas para procurar un proceso educativo de manera equitativa e igualitaria, como se consigna en la nueva Ley General de Educación Superior (LGES).
En este sentido, podemos apuntar que la pandemia marca desde ya al sistema educativo en su conjunto e incide en la formación de nuevas generaciones de profesionales. Estos efectos y consecuencias de la contingencia sanitaria se observarán en el transcurso de los próximos años, por lo que es muy importante atender los problemas en su inmediatez y con perspectiva de largo plazo.
En la ruta de reorganización de actividades presenciales en educación superior, resulta necesario realizar diagnósticos y balances de los alcances del confinamiento y la educación a distancia; para saber qué problemas se agudizaron, cuales surgieron y los alcances de las alternativas de solución que se tracen.
Ante ello, resultan relevantes los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (INEGI, 2020), que en términos de comparativos regionales registra con indicadores, las desigualdades al interior del sistema educativo, las cuales se suman y agudizan las brechas socioeconómicas ya conocidas entre la población.
En el acceso a equipos de computo se observan marcadas diferencias de más de 40 puntos porcentuales, entre el centro, norte y sur del país; en un extremo estudiantes de la ciudad de México con 56 por ciento en el acceso y en el otro, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca con el 23 y 26 por ciento respectivamente. En términos de conectividad, de usuarios con internet, por una parte, se observa un alcance del 84 por ciento en la ciudad de México y Nuevo León, que casi duplica al 45 y 55 por ciento de Chiapas y Oaxaca.
Otro documento de referencia para conocer los retos y limitaciones en el sector educativo ante la pandemia, es el Informe de la Encuesta Nacional COVID-19: La comunidad estudiantil ante la emergencia sanitaria, elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con una muestra de más de 590 mil estudiantes de Nivel Superior de todo el país.
Por mencionar alguna referencia de esta última encuesta, se registra que el 49 por ciento de estudiantes tiene un empleo o lo busca como medio de subsistencia derivado de las secuelas económicas provocadas por la pandemia en sus respectivas familias, ya sea por el fallecimiento de familiares que proveían o por la disminución de ingresos, lo cual podría poner en riesgo su permanencia en el sistema escolar, ante el posible abandono o limitaciones en el aprovechamiento académico.
Es importante destacar que, en las desigualdades e inequidades, la encuesta registra más desventajas en las mujeres respecto a los varones, que bien amerita un análisis específico.
En este contexto, la precisión de los diagnósticos es fundamental para plantear acciones puntuales atendiendo la heterogeneidad de sectores, las brechas por desigualdades regionales por género, y que, en conjunto, se disponga de suficiencia en el nuevo modelo de financiamiento de la educación superior.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana
