En plural, autonomías universitarias porque distan de ser un concepto único y estancado, sus múltiples sentidos corresponden a los momentos históricos, a los contextos sociales y a las correlaciones entre las universidades y las políticas públicas de los Estados, pero, sobre todo, dependen del trabajo de cada día de las diversas comunidades universitarias.
En la experiencia latinoamericana, podemos mencionar dos reconocimientos autonómicos derivados de movimientos estudiantiles que son deudores de tiempos y circunstancias diferentes y que incidieron de distintas maneras en las autonomías de otras universidades; el caso de la Universidad de Córdoba, Argentina en 1918, y la UNAM en nuestro país, en 1929, aunque estas mismas son deudoras de ideas y movimientos que tuvieron alcances diferenciados en otros años.
En coordenadas de tiempos y circunstancias podríamos comprender las luchas por las autonomías de las universidades públicas estatales que ocurrieron de manera posterior al movimiento estudiantil de 1968, y que abrieron paso a un proceso de progresiva masificación de la población universitaria a partir de un activismo vinculado a reivindicaciones sociales y políticas en la década de los 70´s y 80´s.
Las reivindicaciones autonómicas comparten asideros comunes, libertades académicas, en formas de organización y participación, así como gobiernos determinados por las propias comunidades universitarias; estos procesos de organización no han ocurrido en el aislamiento, sino que han dependido de las configuraciones de los estados nacionales, las dictaduras en varios países latinoamericanos o el largo ciclo del régimen corporativo en el caso de nuestro país.
En el periodo de políticas neoliberales se impuso una perspectiva gerencial sustentada en criticas a una supuesta falta de calidad de las universidades públicas masificadas; se aplicaron medidas de contención y recortes progresivos del financiamiento público, los cuales quedaron sujetos a procesos de evaluación de las competencias para acceder a recursos extraordinarios, y por otra parte, a criterios políticos sujetos a la negociación entre las autoridades universitarias y los Estados.
La contención fue limitando el relevo generacional de profesores y el sentido humanista de la educación superior quedó subordinado a una pretendida eficiencia y productividad. La competencia generó una dispersión y desarticulación de instituciones y programas académicos; ante la precarización de los salarios, se libraron batallas entre los mismos profesores, para acceder a estímulos extraordinarios a partir de su desempeño individual.
En lo económico, las universidades resintieron el asedio de intereses externos, muchas se perfilaron como consultoras de servicios sujetas a reglas de mercado para disponer de ingresos alternativos, el caso más lamentable llevó a que algunas autoridades universitarias se involucraran en la llamada “estafa maestra”, que desafortunadamente generalizó la idea de corrupción y esta denostación afectó los procesos de gestión de muchas universidades quienes se vieron señaladas por presuntos desvíos de recursos.
En lo político, el interés externo por el control de las universidades derivó en la persistencia del corporativismo y clientelismo del viejo régimen en algunas de sus organizaciones y sindicatos. Estas instancias, a través de ciertos liderazgos generaron fuertes vínculos económicos con poderes fácticos, de tal manera que algunas huelgas y movilizaciones de apariencia laboral se convirtieron en los hechos en mecanismos políticos.
El asedio a las autonomías universitarias es diferenciado, la justificación desde el exterior es el pretendido combate a la corrupción que adquiere múltiples sentidos políticos.
Lo anterior es un sin sentido puesto que las rutas administrativas sobre el ejercicio de los presupuestos de las universidades se pueden trazar con puntualidad a través de los procesos de fiscalización y de inteligencia financiera. De esta manera se evitarían generalizaciones que suponen que todas las autoridades universitarias desvían recursos y se deslindarían responsabilidades para sancionar a aquellos actores que hayan cometido ilícito.
Por ello resulta relevante que en los nuevos debates de las autonomías universitarias se delimite con precisión la agenda de temas jurídicos, administrativos, financieros y organizativos, pero con la claridad de que estas instituciones pueden consolidarse como los espacios para el fortalecimiento de la democracia, de la pluralidad de ideas, del dialogo civilizado, de la construcción de consensos y de la cultura de la tolerancia.
Dedico estas líneas a la entrañable Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en el 49 aniversario del reconocimiento de su autonomía y que en este momento se encuentra en medio de tensiones de carácter político que amenazan esta autonomía.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana
