En los balances que se realizan por estos días con motivo del decimo aniversario de la Reforma, resulta relevante no solo su revisión jurídica, referida a la armonización de leyes secundarias con la Constitución Política Federal y los Tratados Internacionales en la materia, sino sus incidencias sociales, culturales y políticas.
Ello requiere de una perspectiva interdisciplinaria, que dé cuenta que la reforma misma no se realizó en el aislamiento o como resultado de iniciativas puramente internas, sino para responder a las exigencias del entorno, tanto nacional como internacional y que su devenir ha seguido el mismo curso.
En estas revisiones es necesario observar los alcances institucionales y del quehacer concreto de autoridades y servidores públicos, de tal manera que no bastan las reformas legislativas si no se dispone de políticas públicas, programas y presupuestos suficientes con el enfoque de derechos humanos.
De políticas y presupuestos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos en la vida cotidiana de las personas, que sean de carácter transversal, en términos de igualdad y no discriminación, participación ciudadana en toda la agenda pública, así como de coordinación y articulación entre niveles y ordenes de gobierno.
Lo anterior, para entender el problema público como ejercicio de derechos y sus garantías, desde los mecanismos de información, transparencia y rendición de cuentas, que conduzcan a la exigibilidad ciudadana para el cumplimiento de las reformas.
La Reforma Constitucional del 2011 lleva a su análisis como un punto de llegada y es preciso entender los procesos sociales que ocurrían en el país y en el mundo antes de ese año y siguen ocurriendo, tales como el activismo a favor de los derechos humanos, de carácter local y sus redes transnacionales.
Y es que desde ese año, y con mayor visibilidad e inmediatez en nuestros días, los procesos sociales y las nuevas exigencias ciudadanas para denunciar problemas de violación de derechos, impunidad y reclamos de justicia, van siempre pasos adelante que las reformas legislativas, de las políticas públicas, de los programas y los presupuestos.
Seguramente los expertos en derecho pueden dar cuenta de la armonización de la legislación secundaria a los estándares internacionales, de las incidencias de la depuración legislativa de lo precedente y la construcción de nuevas leyes concordantes, de lo que se ha hecho y de lo que hace falta por hacer.
Pero es importante insistir que además del debate jurídico, debemos resaltar la emergencia de un debate ético y de libertades que permita identificar la compleja construcción de ciudadanía, la apertura de los gobiernos, y más aún, la apertura del conjunto del sistema político, y de sus procesos diferenciados en regiones y localidades, para el cumplimento de los derechos humanos.
Lo anterior, dentro de una racionalidad amplia, para entender que en las últimas décadas se ha ido configurando en el país y en el mundo, un nuevo paradigma no solo jurídico, sino cultural, social y político a favor de la promoción, la defensa y exigibilidad en materia de derechos humanos.
Son éstas, algunas ideas compartidas en el Diálogo de Rectores, entre el Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis González Plascencia y quien esto escribe, dentro de un Seminario Nacional en la materia, como una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a través de su Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Doctor en Ciencias Sociales por la U. Autónoma Metropolitana
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt
