En mi artículo anterior comenté que para que la educación mexicana pueda resolver tres de sus graves problemas —falta de cobertura, abandono escolar y pobre aprendizaje—, debe empezar por destinar el presupuesto comprometido internacional y nacionalmente. En la Conferencia Regional de Ministros de Educación de la UNESCO (1979), México propuso destinar un presupuesto a la educación no menor al 7 u 8% de su Producto Interno Bruto (PIB). Recientemente, este compromiso lo reafirmó en el Artículo 119 de la nueva Ley General de Educación (2019), que estipula: “El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto de ciencia y tecnología”. Sin embargo, este compromiso ha sido letra muerta, toda vez que el gobierno en turno, no solo no se ha acercado a ésta, sino que se ha alejado de ella en el último lustro.
De acuerdo con la MEJOREDU, en millones de pesos constantes a precios de 2018, el gasto educativo en el periodo 2018-2022 —que corresponde al fin del sexenio de Peña Nieto y a los últimos años del de AMLO— tuvo las siguientes variaciones: en educación básica (EB), -1%; en educación para adultos, -34%; en educación media superior (EMS), 6.1%; en educación superior, -1%; en posgrado, -0.9%; en ciencia y tecnología, -14.1%; en deporte recreación y cultura, -8.5%; en otros rubros, -26%. En promedio, el presupuesto educativo ha decrementado 2.9%. Solo en EMS se observa un incremento que, seguramente, se debe a la creación de becas estudiantiles.
El decremento en el gasto público en materia de educción se ve reflejado, también, en la disminución del porcentaje que éste representa respecto al PIB. De acuerdo con la SEP (2021-22 y 2022-23), en 2020 éste representó el 4.8% del PIB; en 2021, el 4.4%; y, en 2022, el 4.2%. Esta disminución del gasto educativo contrasta con el incremento del gasto privado en los mismos años: 1.1%, 1.4% y 1.5%, respectivamente. Las cifras anteriores confirman dos cosas: 1) México está lejos de invertir el 8% del PIB en educación y 2) en este sexenio, en vez de incrementar, se ha reducido el gasto público en materia educativa.
Otra forma de analizar la suficiencia presupuestal en educación es con base en el gasto total por alumno (de tiempo completo o su equivalente) que el país destina en un año. De acuerdo con la OCDE, en 2023, México gastó $3 132 dólares para el promedio de estudiantes de todos los niveles educativos (sin contar el rubro de ciencia y tecnología). El gasto educativo del país contrasta con el de Chile que, en el mismo año, fue de $7 077 dólares, y aún más con el de Corea, que fue de $13 200 dólares. Proporcionalmente, la inversión de México por alumno no llega a la mitad de lo que gasta Chile y es menor a la cuarta parte del gasto que destina Corea a cada alumno.
El presupuesto en educación repercute directamente en sus diversos ámbitos, como es el caso de la infraestructura y el equipamiento escolar. De acuerdo con la propia SEP, en el ciclo escolar 2022-23, México contaba, aproximadamente, con 200 mil escuelas públicas de EB y 15 mil planteles de EMS. Del total de las escuelas públicas de EB: 14 mil (7%) no tenían electricidad; 96 mil (48%) no dispusieron de computadoras; 106 mil (53%) no contaron con conexión a internet; 132 mil (66%) no tenían instalaciones adecuadas para estudiantes con discapacidad y 156 mil (78%) no contaban con materiales adecuados para éstos; 44 mil (22%) no tenían agua potable; 36 mil (18%) carecían de lavabos de manos y 12 mil (6%) no contaban con sanitarios independientes para niños y niñas. Aunque los planteles de EMS tienen mejor infraestructura y equipamiento, también operan con muchas deficiencias. Por ejemplo, casi una tercera parte carece de computadoras, la mitad no tiene conexión a internet, una cuarta parte no cuenta con agua potable y 99 de 100 no tienen materiales para estudiantes con necesidades especiales.
El limitado financiamiento que el gobierno mexicano destina a la educación refleja su escaso interés en el desarrollo cognitivo y social de los niños y jóvenes del país. Este problema es especialmente evidente en las escuelas que atienden a las poblaciones más vulnerables, donde las carencias son más acuciantes, como ha sido ampliamente documentado. México necesita una inversión mayor y más efectiva en educación, que debería aproximarse al 8% del PIB, y cuya distribución contribuya a reducir las enormes brechas educativas existentes. Solo así la educación podrá convertirse en un factor de movilidad social. Lamentablemente, tanto el candidato como las candidatas que aspiran a la presidencia han obviado el tema del gasto educativo.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C.
@EduardoBackhoff
