De acuerdo con la UNESCO, la educación es un derecho humano indispensable que permite a las personas ejercer sus demás derechos. La misma organización sentencia que para materializar el Derecho a la Educación de calidad son indispensables: 1) leyes que establezcan la educación de calidad como un derecho social para TODOS y 2) herramientas que permitan diseñar políticas educativas y dar seguimiento a las mismas a través de sistemas de monitoreo y evaluación.
Desde hace algunas décadas, las políticas educativas de México (y otros países en desarrollo) estaban enfocadas a lograr la cobertura universal de la educación obligatoria. Aunque se avanzó considerablemente en este terreno, aún estamos lejos de lograrlo en los niveles de Preescolar y Media Superior. De cualquier manera, el nivel educativo promedio de los mexicanos se ha incrementado progresivamente, llegando a 10.1 grados escolares. El incremento inercial de este indicador educativo es de un grado escolar por década. Es decir, en 2030 la población podría tener una escolaridad cercana a 11 grados, en 2040 a 12 y, así, sucesivamente; ello, sin considerar el impacto negativo de a pandemia.
Habiendo avanzado considerablemente en el acceso a la educación, a partir de los estudios realizados por organismos internacionales, muchos países pusieron su atención en el indicador de logro educativo. Los resultados de dichos estudios han hecho evidente las grandes diferencias en el aprendizaje que dominan los estudiantes en los países desarrollados con relación a los subdesarrollados; condición que se replica entre las regiones de un país. La regla general es muy clara: los estudiantes con mejores niveles socioeconómicos y culturales aprenden más que aquellos que sufren de carencias materiales. Sin embargo, hay excepciones que nos hacen pensar que la regla no es completamente determinista. Por ejemplo, Vietnam y Polonia destacan por sus avances educativos, a pesar de que no tienen la riqueza de otros países. Igualmente, es de llamar la atención que los estudiantes más pobres de Corea obtienen resultados educativos más altos que los más ricos de México. La pregunta obligada es: ¿cómo se explica esta excepción a la regla? La respuesta: por las políticas educativas que se implementan es estos países y por el valor que el Estado y la sociedad le dan a la educación.
Por desgracia, el gobierno de López Obrador ha dado poca importancia a la educación, por lo que es de esperar que el sexenio termine con peores resultados de aprendizaje que con los que empezó. Se le podrá echar la culpa a la pandemia, pero independientemente de ello, las políticas educativas que se han implementado hablan mucho de la poca “materia gris” que este gobierno tiene en materia de educación. La desaparición del INEE, de las Estancias Infantiles y del Programa de las Escuelas de Tiempo Completo, así como la reducción presupuestal a las instituciones de educación superior y a las Normales son claros ejemplos de ello. Bajo esta lógica, se ha diseñado lo que eufemísticamente se denomina la Nueva Escuela Mexicana, cuya política se materializa en los Planes y Programas de Estudio 2022. No solo son las ocurrencias e improvisaciones las que definen el nuevo currículo, sino su orientación altamente ideologizada. De acuerdo con Gilberto Guevara Niebla, este proyecto se hizo de prisa, a la carrera, improvisando; su contenido no se sustenta en una experiencia educativa previa y su base es exclusivamente doctrinaria. Por ello, considera que la reforma curricular 2022 es una aberración, un desatino, un despropósito. Por su parte, Carlos Mancera Corcuera señala que el proyecto desecha sin argumentación el conocimiento que se tiene sobre la teoría y la práctica de la educación en México y el mundo, y que no aborda el tema de las tecnologías. Finalmente, Laura Frade afirma que la ideología subyacente (las Epistemologías del Sur) no corresponde a las necesidades del siglo XXI, que las orientaciones didácticas no tienen claridad en cuanto a su marco de referencia y que su más grave deficiencia es que no especifica cómo se evaluarán los aprendizajes de los estudiantes.
En síntesis, todo indica que el gobierno de López Obrador no podrá garantizar el derecho que tienen todos los niños y jóvenes del país a recibir una educación de calidad (o excelencia), pues sus políticas no se basan en evidencias y tampoco contemplan el uso de instrumentos de monitoreo que permitan verificar el cumplimiento de este derecho fundamental de los mexicanos; especialmente, el de los más desprotegidos. La única esperanza que nos queda es que el próximo secretario de educación sea una persona inteligente y preparada, capaz de convencer al presidente de enmendar sus graves errores en educación (pienso, por ejemplo, en el Dr. Juan Ramón de la Fuente); de lo contrario, este sexenio pasará a la historia como uno de los peores en la materia.
@EduardoBackhoff
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