Concediendo que la 4T tiene buenas intenciones para mejorar la educación educativa --actualizar el currículo, acabar con la venta de plazas, revalorizar al magisterio--, desgraciadamente, parte de premisas falsas que hace difícil que alcance sus metas. Lo anterior viene a colación por las recientes declaraciones de AMLO de que, por un lado, todos los estudiantes deberían de estudiar en la universidad de su elección y, por el otro, que son indeseables los exámenes de admisión ya que los estudiantes no los reprueban, sino que no son admitidos por falta es espacio (lo que se debe a una malévola intención de los gobiernos neoliberales).
Si bien es cierto que lo deseable es que todos los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar una carrera profesional, parece imposible que todos lo puedan hacer en la misma universidad, simplemente por dos razones: una de cupo y la otra de calidad académica. Imaginemos, que todos los estudiantes quieran ingresar a la UNAM y que ésta establezca una política de puertas abiertas. No es difícil anticipar que la demanda estudiantil superaría en el primer año la capacidad instalada de la institución que, ahora, es superior a 15 veces (la UNAM sólo admite anualmente cerca del 7% de los aspirantes). Supongamos que, para atender la demanda, el gobierno le inyecta 15 veces el presupuesto a la UNAM que, ahora, ronda en los 40 000 millones de pesos anuales (lo que tendría que hacer con las demás universidades públicas). Como consecuencia esta institución, de por sí grande, tendría que aumentar enormemente su oferta educativa. Aunque pareciera que esta solución (kafkiana, por cierto) resolvería el problema, no es así, ya que le próximo año escolar habría mayor demanda de estudiantes de distintas partes de país (o de otras instituciones) por estudiar en la máxima casa de estudios, por lo que la UNAM tendría que crecer aún más.
Abrir la matrícula de una institución irrestrictamente a todos los estudiantes que lo solicitan traería un segundo problema: su deterioro académico. Muy pronto, la máxima casa de estudios perdería la calidad que la distingue y se convertiría en lo que en Estados Unidos se conoce como Colleges: instituciones que no hacen investigación y que no imparten posgrado y que, por lo general, atienden a estudiantes que no logran ingresar a instituciones de mayor prestigio.
El segundo argumento del presidente es que los estudiantes no reprueban los exámenes de admisión, por lo que da por sentado que todos los jóvenes poseen los conocimientos y habilidades necesarios para cursar sus estudios universitarios. Lamento decir que es todo lo contrario: una gran proporción de estudiantes ingresan a las universidades, a pesar de no tener las competencias académicas esenciales que se enseñan en la educación básica (sí, en primaria y secundaria). Esto es así, porque las instituciones públicas aceptan a los estudiantes de acuerdo con el número de espacios disponibles, independientemente, de que su nivel académico sea pobre. Lo anterior ha quedado muy bien documentado en diversos estudios. Por ejemplo, en uno titulado “Habilidades básicas de razonamiento matemático”, se reportan los siguientes resultados de jóvenes que presentaron su examen de admisión a una universidad pública de gran prestigio: 52% realizan divisiones, 55% suman algebraicamente, 58% identifican unidades decimales, 59% suman fracciones y 62% conocen las propiedades de los ángulos. Asimismo, 12% hacen operaciones con
exponentes, 28% calculan probabilidades simples, 33% resuelven ecuaciones de primer grado, 34% simplifican ecuaciones algebraicas y 38% calculan las áreas de polígonos regulares. Resultados similares se reportan en otras universidades del país y en otras asignaturas. Por consiguiente, se puede afirmar que los estudiantes que terminan la educación media superior egresan con serias deficiencias académicas del nivel de educación básica, que ocasiona que abandonen sus estudios universitarios en el primer año escolar.
En resumen, no se pueden abrir irrestrictamente las puertas a todos los estudiantes que deseen ingresar a una institución en particular, pues la saturarían. Por otro lado, eliminar los exámenes de admisión solo deja una solución posible: admitir a los estudiantes por un mecanismo de azar, donde la suerte define quien ingresa, o no, a una institución. Si bien, este mecanismo no resuelve el problema de cupo, sí podría ser más justo para quienes tienen una desventaja social o económica. Sin embargo, provocaría un nuevo problema: el deterioro académico de las instituciones y de las profesiones: ¿quién, en su sano juicio, aceptaría ser operado por un doctor que entró por suerte a una universidad, a pesar de su bajo aprovechamiento académico?
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C.
@EduardoBackhoff
