Desde que tengo uso de razón, de lo cual hace un buen tiempo, por los años 50 escuchaba yo hablar en mi natal Coatzacoalcos de la importancia que tendría un moderno tranvía —sinónimo válido de ferrocarril— que cruzara el istmo de Tehuantepec llevando mercancías de un océano a otro. Pese a que existía una vía desde el gobierno de Porfirio Díaz, los lugareños cifraban esperanzas en que su reactivación haría de esa zona un emporio. Por un tiempo efectivamente se vivió un boom que no provenía del ferrocarril sino del impulso estatal a la petroquímica. El complejo de Pajaritos era nuestro orgullo y base de una explosión de crecimiento. Aparecieron nuevos ricos que contaban hasta con avión privado. Se anunciaba una época de enorme bonanza. La ilusión se desvaneció pronto. Llegaron las privatizaciones neoliberales, el Estado abandonó la petroquímica y la producción de fertilizantes. El deterioro afectó la economía y a esa decadencia se sumó la aparición del crimen organizado.
Ha tiempo que no vuelvo a mi terruño, pero mis amigos me cuentan que las cosas no van muy bien y una impresión más pesimista viene de personas foráneas que lo han visitado y lo califican prácticamente de pueblo fantasma. Hay un deseo porque el ferrocarril transoceánico permita recuperar el futuro que perdimos.
Quienes todo critican se niegan a reconocer el valor de esta obra para el desarrollo del sureste y en particular para reposicionar a Coatzacoalcos como un gran puerto del país. Su ceguera ideológica contrasta con la importancia que le otorgan los medios internacionales; Euronews, por ejemplo, dedicó buen espacio a la inauguración de esta vía férrea por parte del Presidente López Obrador, cuyos empeños van contrarrestando los arrasadores efectos de la privatización que extrajo del poder estatal a los ferrocarriles.
Como senador me tocó sufrir ese tsunami neoliberal. Recuerdo que varios senadores nos opusimos férreamente al proceso privatizador. Entonces resultaba cuesta arriba enfrentar el poder del Presidente, más aún siendo parte de la corriente gobernante, pero algunos de nosotros asumimos la defensa de las empresas públicas, porque el proyecto zedillista incluía el conjunto de empresas estatales, hasta Pemex y la CFE. Con el apoyo de la inolvidable María de los Angeles Moreno, algunos senadores entre quienes estaban José Luis Soberanes, Juan Ramiro Robledo y otros, tuvimos la osadía de batallar en contra del proyecto presidencial. Logramos por lo menos salvar el petróleo y la electricidad, a cambio de no continuar oponiéndonos al resto de las privatizaciones contempladas, entre las cuales iban los ferrocarriles y las telecomunicaciones satelitales. Afortunadamente el gobierno actual ha retomado su participación en el transporte ferroviario. Pese a críticas de sectores conservadores el empleo de instrumentos que sujeten la propiedad privada al interés público ha sido determinante en el caso de este ferrocarril, al ordenarse la ocupación del tramo concesionado a Ferrosur S.A. Esas acciones estatales se inscriben dentro del ámbito de las atribuciones que la Constitución confiere al Ejecutivo y constituyen un método legítimo para alcanzar finalidades como el echar andar el referido tren que fue una meta largamente acariciada.
