Hace algunas semanas en estas mismas páginas me referí a los excesos que ha venido cometiendo el Instituto Nacional Electoral al invadir el territorio de los legisladores para imponer condiciones a los partidos políticos respecto de los métodos de selección de sus candidatos en razón de acciones afirmativas que no corresponden a dicha autoridad electoral. También en cuanto a la paridad de género ha incurrido en desbordamientos francamente inconstitucionales. El último episodio fue la intención de obligar a los partidos sin base constitucional a postular para las nueve gubernaturas en disputa el próximo año a cinco mujeres y cuatro hombres. El despropósito es evidente como lo hizo notar el consejero Uu -kib Espadas, dado que el conjunto de gubernaturas no constituye un órgano colegiado, de manera que no es racional en ese ámbito imponer una cuota de género.
Los excesos del INE contravienen la Constitución. Esta prohíbe que en los 90 días previos al inicio del proceso electoral se realicen reformas fundamentales a las leyes de la materia. Si esto le está vedado al Poder Legislativo, con mayor razón el árbitro electoral no debería alterar las reglas aplicables a las elecciones.
Ahora bien, si se considerara indispensable regular uniformemente la paridad en las gubernaturas podría recurrirse a un mecanismo que genere las mayores condiciones de igualdad entre los géneros y al mismo tiempo no fuerce a los partidos a asignar postulaciones a uno u otro.
Las limitaciones constitucionales que impiden alterar las normas electorales opera para los legisladores y, por supuesto, para la autoridad electoral administrativa, pero el Constituyente Permanente sí puede realizar cambios para regular algún aspecto que necesite ser atendido a ese nivel, y este es un tema que requiere una solución en el texto de la Constitución para surtir efecto en todas las entidades federativas. Todavía habría tiempo antes de llegar al registro de las candidaturas para efectuar una modificación de esta índole considerando que todos los partidos coinciden en rechazar las pretensiones del INE al respecto.
La solución consistiría en disponer que para las elecciones a los gobiernos locales cada partido o coalición postule simultáneamente un par de candidaturas, una correspondiente a un hombre y la otra a una mujer. En la boleta aparecerían los nombres de los dos candidatos y el votante podría emitir su voto por cualquiera de ellos. Los votos emitidos para los candidatos de un mismo partido se sumarían en favor de este. Aquel que obtuviera la mayoría tendría derecho a que su candidato o candidata ocupen la gobernatura y el acceso a este puesto se decidiría en favor de quien hubiese obtenido la mayoría de los sufragios a su favor. De esta manera se garantizaría la igualdad en la participación estado por estado.
El procedimiento para postular al hombre y la mujer que integren el dueto de candidatos se especificaría en los estatutos de cada partido aplicando métodos que garanticen que los propuestos serían los mejor ubicados para ser postulados en cada género. Los partidos solo tendrían que indicar, ejerciendo su autonomía, cuál sería el mecanismo aplicable, ya sea consultas internas entre sus miembros o la aplicación de encuestas como actualmente se están realizando.
