A pesar del alud de críticas desatadas contra de la iniciativa presentada por Ignacio Mier e Ivonne Cisneros, con objeto de que las cuentas que manejan las Afores de quienes somos mayores de 70 años pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, dirigidas a generar miedo entre los trabajadores alegando que el Estado trata de expropiar sus ahorros, es conveniente un análisis frío del tema que permita observar la parte positiva de que el Estado mexicano retome su papel en una prestación social tan importante como las pensiones.
La reforma de 1997 fue un gran error al trasladar al sector privado enormes recursos que provienen de los ahorros de los trabajadores. A octubre del año pasado estos ahorros representaban 5.4 ¡millones de millones de pesos! cifra inimaginable que da jugosos rendimientos a las instituciones privadas que los manejan, las cuales además nos cobran por hacerlo cuando ellas pueden invertirlos de modo que obtienen ganancias muy superiores al interés promedio de 5.22% que nos abonan, en tanto que el dinero que invierten en Udibonos del gobierno, les deja el porcentaje de inflación que ahorita es de 4.42 más el 5.9%, entonces obtienen 10.32%, de modo que pagan la mitad de lo que reciben. Ese diferencial muestra la injusticia que implica la existencia de las Afores, que además esconde una verdadera expropiación de los recursos del Estado.
Antes de esa reforma el dinero aportado para el retiro iba a las arcas públicas mexicanas, bajo un sistema de pensiones solidarias, llamado “de reparto”. Los trabajadores jóvenes y las partidas presupuestadas generaban los recursos para pagar a los jubilados. El Estado podía disponer de un fondo para invertir en infraestructura o en servicios, pero siempre respaldando el pago de las pensiones. Ahora resulta que con el dinero aportado por los trabajadores, las Afores invierten en bonos del Estado, lo que significa una especie de préstamo por el cual se pagan fuertes intereses a las Afores las cuales destinan una pequeña parte a las cuentas de los trabajadores y se llevan la tajada del león, además de las comisiones que cobran.
El dinero del que antes podía disponer legítimamente el gobierno, servía para proyectos de desarrollo. Hoy las Afores a través de las Siefores Básicas, invierten en Udibonos, Cetes y Bonos, todos del Estado un 82% de su cartera; los recursos así obtenidos por la administración pública se destinan a actividades de desarrollo. El efectivo también llegó al Estado, pero ahora debe pagar un interés para usarlo, lo peor es que la mayor parte del 18% restante se invierte en el extranjero.
Por eso conviene que se retome el control, por lo menos de una parte de los recursos que seguirán sirviendo para un apoyo solidario generacional, con la modalidad de que ahora los mayores apoyaremos la mejora de las pensiones de quienes se vayan retirando, garantizándoles un mínimo razonable para aquellos cuyo último sueldo sea inferior a 16,400 pesos.
No hay razón para desconfiar de la capacidad administrativa del Estado mexicano. Las instituciones han sido capaces de manejar dinero en grandes cantidades para beneficio social. Como prueba están el Infonavit y el Fovissste. El Fondo estaría a cargo del Banco de México, lo cual constituye otra garantía para su adecuado manejo.
