Las inconsistencias de los sistemas parlamentarios multipartidistas se hacen cada vez más evidentes al producir desviaciones favorables a posturas minoritarias cuyas consecuencias pueden afectar a todo el Estado. En Israel ese fenómeno ha agudizado las políticas ultraderechistas y fomentado la polarización. Ahora España nos muestra cómo la intención de formar mayorías parlamentarias artificiales con votos de los grupos minoritarios, acentúa las diferencias internas. Así ocurre con la reforma al reglamento del Congreso de los Diputados que autoriza el uso de lenguas locales en las actividades de ese órgano legislativo; la cual se considera el precio pagado por el PSOE para construir una coalición que le permita seguir gobernando. La posibilidad de emplear oficialmente las lenguas catalana, gallega y euskera ha desatado la ira de los opositores derechistas que, en este caso, presentan un argumento plausible en virtud de que, siendo el castellano la lengua oficial del Estado de acuerdo a la Constitución española, y existiendo fuertes tensiones independentistas en diversas comunidades autónomas, el acceder al uso de estas lenguas parece ir en el sentido de favorecer tales intenciones separatistas. Es razonable que en el sitio donde se parlamenta acerca de los asuntos nacionales se parle en el idioma nacional
Esas fricciones han generado otra inconsistencia como el intento del Partido Popular de llevar el diferendo ante el Tribunal Constitucional, lo cual pone en entredicho la División de Poderes, pues lo resuelto en el Congreso corresponde a sus actividades internas y no deberían los propios legisladores pretender que el Poder Judicial se convierta en árbitro de decisiones parlamentarias. Pese a lo cuestionable de la determinación, esta no parece violentar lo previsto en la Constitución sobre el castellano como idioma oficial del Estado.
La intención de favorecer causas minoritarias que aunque sean dignas del mayor respeto, generan riesgos para la unidad nacional, puede llevar a resultados desastrosos. En México debemos tener cuidado de que no progrese la idea de incluir en la Constitución el texto aprobado por los diputados hace casi tres años tendiente a que se consideren las 68 lenguas indígenas como lenguas nacionales con la “misma validez” que el español.
Eso contradice la decisión política fundamental proclamada en el texto constitucional: “la Nación Mexicana es única e indivisible.” Por ello, aunque no se regula constitucionalmente el idioma oficial, no convendría abrir la puerta a una Torre de Babel incontrolable si se admitiera la igualdad absoluta entre las lenguas indígenas y el español. Imagine que cada autoridad deba publicar sus resoluciones en ¡69 textos diferentes!
Ello no implica un desprecio a la riqueza cultural y lingüística del país que bien podría expresarse de un modo diferente. Un texto constitucional alterno diría: “El español es la lengua nacional e idioma oficial en toda la República. Los estados podrán establecer zonas bilingües en las que además del español se considere idioma oficial la lengua indígena de la zona correspondiente. En ellas se impartirá integralmente la educación bilingüe a todos los educandos; la señalética deberá presentarse en ambos idiomas y las estaciones de radio transmitirán en ambas lenguas oficiales.”
Magistrado en retiro y constitucionalista. @DEduardoAndrade