Cada titular del Ejecutivo suele dejar su impronta en el léxico coloquial de la política aportando frases y giros lingüísticos que se incorporan al anecdotario con el sello de la agudeza personal de quien gobierna. La Presidenta Sheinbaum empezó ya su aportación a ese diccionario con el término “golpe aguado”.
En mi libro de Teoría del Estado analizo la naturaleza de un Golpe de Estado y puedo decir que la expresión de las ministras Esquivel y Batres al calificar la intención de sus colegas de invalidar una reforma constitucional, es correcta. Empero en el ámbito político, sin descalificarla, la Presidente aprovechó para lanzar un dardo revelador de la inviabilidad de ese intento. Ajustando la rima lo calificó de golpe aguado.
Aguado, significa “sin consistencia; blando” y cuadra perfecto con un designio inconsistente porque carece de base jurídica. No se sostiene el invento de un procedimiento para invalidar la
Constitución. El eventual resultado de tal invención no provendría de ningún medio de control judicial, no es amparo, ni controversia constitucional, ni acción de inconstitucionalidad. No hay método para operar una teórica inconvencionalidad. La Corte carece de competencia para ello y un principio básico del constitucionalismo es que las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas; esa es la mayor garantía de respeto a los derechos humanos.
La inconvencionalidad es una noción inexistente en nuestra Constitución. No hay un solo tratado internacional al que pudiera atribuirse mayor valor que a la Norma Suprema; es más aunque quisieran encontrar un supuesto incumplimiento de una obligación internacional, no podrían citar una sola disposición convencional que obligue a México a organizar de cierta manera sus órganos constitucionales, por el contrario, el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente la plena libertad de los Estados para organizarse como mejor les convenga.
El golpe es blando porque no existe posibilidad ni jurídica ni fáctica de dejar de aplicar la Constitución vigente, de modo que la estrategia más prudente frente a ese desafío institucional es dejar que se desgaste el infructuoso esfuerzo ministerial de vulnerar la Carta Magna .
Escribo con pena porque conozco a los ministros ahora “golpistas”. Son gente de bien: conocedores del Derecho; juristas que ganaron por méritos su postulación. A algunos los he tratado cercanamente como amigos o colegas, incluso una de esas personalidades fue alumna mía. Les tengo aprecio, pero no alcanzo a comprender como una diferencia de ideología política, un rechazo al programa de las organizaciones partidistas que en tres elecciones consecutivas han ganado el legítimo derecho de llevarlo a la práctica, ha nublado su juicio al extremo de faltar al solemne compromiso que hicieron con el pueblo de México cuya autoridad soberana han decidido desafiar.
¿Hasta donde piensan llevar esa ridícula pretensión de invalidar normas constitucionales sin. base jurídica ni autoridad moral, olvidando que en esta se sustenta el poder de la judicatura? La coercibilidad de sus resoluciones requiere de la fuerza pública sobre la que no tienen mando directo, por eso su absurdo propósito de invalidar la Constitución enfrentará la firmeza del Ejecutivo para hacerla cumplir.
@DEduardoAndrade Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro.
