En un edificio del Poder Judicial de la Federación cuelga una manta en la que se advierte sobre la necesidad de oponerse a la eventual aparición de una dictadura como resultado de la reforma judicial. De por sí preocupa el uso de un slogan político como sustento de una audaz rebelión que amenaza la estabilidad constitucional manifestándose mediante la ilícita paralización de una función esencial del Estado como es la impartición de justicia, llegando al extremo de irrumpir violentamente en el Senado de la República con el propósito de detener el proceso de reforma constitucional.
La intención de evitar la consumación de la reforma implementada por el Constituyente Permanente, sobre el cual no tiene ninguna potestad el Poder Judicial, se ha materializado mediante un procedimiento intestino en el que los juzgadores que son autoridad se transforman en gobernados y piden amparo ante sus colegas que están impedidos de conocer de esas “quejas” en razón de que tienen un interés personal que los inclina a complacer a sus compañeros de causa política. Pese a que los justiciables ven entorpecida su demanda de justicia por la suspensión de actividades de los tribunales, estos están expeditos solo para atender sus propios requerimientos.
Los juzgadores carecen de atribuciones para entrometerse en el proceso legislativo. El poder que el pueblo les confiere les autoriza a verificar si una norma inferior a la Constitución, como una ley ordinaria, un tratado internacional o un reglamento se ajustan a lo dispuesto en ella. Esta verificación se produce cuando la norma ya ha sido emitida, nunca cuando está en marcha el procedimiento de su creación. Si es así tratándose de normas inferiores, con mayor razón debe respetarse el funcionamiento autónomo del Poder Reformador de Constitución.
La pretensión de invadir el ámbito legislativo empleando el amparo de manera contraria al objeto de esta institución jurídica creada para proteger la Constitución, no para invalidarla, puede dar lugar a sanciones justificadas y así lo ha hecho notar la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, al anunciar que se hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura las irregularidades cometidas por jueces y magistrados que pretendieron impedir la actividad legislativa desvirtuando la naturaleza del Juicio de Amparo.
El Consejo de la Judicatura aún en funciones tiene el deber de ejercer la autoridad disciplinaria que le otorga la Constitución para corregir esos desvíos en lugar de avalarlos haciéndose partícipe de un enfrentamiento injustificado entre poderes. Esta conducta de los juzgadores será puesta también en conocimiento del Congreso de la Unión que dispone de la facultad de someter a juicio político a funcionarios de alto rango, lo cual opera como mecanismo de equilibrio entre poderes.
Llama la atención que se aduzca como causa de la oposición de los juzgadores impedir el establecimiento de una hipotética dictadura, cuando da la impresión de que este fenómeno pudiera ocurrir de manera inversa. Si los integrantes de un poder de la República, que como los otros tiene facultades acotadas, las rebasa para colocarse por encima de la Constitución y reclamar la posibilidad de decidir sin apego a ella lo que a su juicio le resulte más beneficioso, estaríamos a las puertas de una dictadura sí, pero del Poder Judicial.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade