Es injusto referir esta conducta a la Suprema Corte en su conjunto, pues no todos sus integrantes se han rebelado contra decisiones democráticamente tomadas, pero dado que su presidenta representa a la institución, le transmite el desprestigio de un comportamiento impropio de un Poder de la República cuya función es garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución y no ponerla en entredicho. Para este propósito invitó al profesor español Manuel Atienza que sostiene ideas contrarias a la Supremacía Constitucional y deforman el Derecho bajo la pretensión de que existen principios superiores a los contenidos en las Constituciones. No encontré en el portal de la Corte cuánto le pagaron por inmiscuirse en la política nacional como parte de la campaña emprendida contra la Reforma Judicial, en franca violación a la prohibición que la Constitución impone a los extranjeros quienes “no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. Es indebido gastarse el dinero de los mexicanos en pagar conferencistas extranjeros que a manera de mercenarios intelectuales vengan a apoyar a la señora Piña en su patética “resistencia” a cumplir la Constitución.
La Corte no es una institución académica con la misión de organizar conferencias como la empleada por Atienza para denostar a México al decir que perdió su condición de Estado de Derecho. Es él quien perdió su condición de académico para trocarse en panegirista, seguramente bien pagado, de la ministra Piña a la que otorga el grado de “heroína y encarnación del Estado de Derecho”, cuando ha sido todo lo contrario al erosionar el Estado de Derecho lanzando al Poder Judicial a una batalla política contra los otros Poderes.
La opacidad y el malabarismo usado para desviar recursos a fines ajenos a las funciones del Poder Judicial, que de acuerdo al Presupuesto de Egresos son “impartir justicia en el ámbito de su competencia y resolver impugnaciones en procesos electorales”, se ponen de manifiesto en la información de la página de la Corte acerca de los subsidios y “donaciones” para instituciones privadas e incluso la UNAM, que no debería recibir recursos de un tercero cuando el Congreso debe asignarle directamente ese dinero. No existe justificación alguna para los subsidios y otras ayudas que la Corte incluye en su presupuesto. ¿Por qué ha de otorgar subsidios? ¿A quiénes tiene que dar “ayudas”? Nada de eso forma parte de las funciones para las que se le asignan recursos. Lo increíble es que la Corte asegura no estar obligada a informar acerca de cómo gasta ese numerario, reconociendo que no corresponde a sus funciones otorgar subsidios y se ampara en un acuerdo del Inai que la eximió de cumplir con obligaciones de transparencia como informar sobre esos subsidios que entrega sin facultades; la realización de convenios mediante los cuales financia a grupos privados; los mecanismos de participación ciudadana como la consulta pública en materia de justicia que promovió sin atribuciones; los programas de becas que ofrece y otros como esas conferencias financiadas con recursos públicos. Ello muestra que el Inai da patentes de opacidad. Se supone que la exención concedida a la Corte en esos rubros es porque no forman parte de sus facultades y, sin embargo, gasta dinero en asuntos que no le corresponden.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade
