No es la primera vez que en España las elecciones en vez de servir para elegir un gobierno son el disparador de un absoluto descontrol gubernamental. Pasó antes en 2015, 2016 y 2019 como resultado de la inoperancia del sistema parlamentario en un ambiente pluripartidista. Eso debería detener las tentaciones académicas de introducir en los gobiernos latinoamericanos fórmulas del parlamentarismo. En este se exige que el gobierno cuente con el apoyo de la mayoría absoluta del parlamento, requisito disfuncional cuando existen más de dos partidos, lo que se agrava en sistemas electorales proporcionales que dan representación a algunos muy pequeños.
En este escenario un procedimiento aparentemente democrático se vuelve contra la democracia al introducir distorsiones que alejan la voluntad de los electores de la conformación final del gobierno. No importa qué partido logre más sufragios, pues el gobierno puede recaer en un personaje proveniente de uno minoritario, porque dependerá de las alianzas que se formen para conseguir la mayoría absoluta.
Un segundo efecto antidemocrático deriva de la fuerza desproporcionada que adquieren los partidos más pequeños, pues al formarse las coaliciones alcanzan un peso agigantado pese a contar con muy poco apoyo popular. El problema se agudiza en la circunstancia actual marcada además por enormes tensiones ideológicas y por la desorientación de un electorado que no encuentra satisfacción a sus demandas ni en la derecha ni en la izquierda.
Hasta ayer el resultado electoral arrojaba el siguiente panorama: la mayoría relativa, que en un sistema presidencial como el nuestro permitiría gobernar al ganador, la logró el Partido Popular de derecha, que dispondrá de137 escaños en un parlamento de 350. Pero para constituir el gobierno necesita apoyarse en los ultraderechistas de Vox que llegaría al gabinete aun habiendo perdido un buen número de escaños, además tendrá que incluir a un partido de Navarra, que ganó solo ¡cinco! escaños y con ese mini resultado se integraría al equipo gobernante. Tal esquema, ya de por sí antidemocrático, no le daría la mayoría; necesitaría conseguir los votos de Juntos por Cataluña (Junts), que es un partido separatista cuyo líder se encuentra refugiado en el extranjero, perseguido por la justicia española acusado de ilegalidades cometidas en el propósito de separar a Cataluña, lo cual llevaría a un escenario absurdo, donde podrían quedar mezclados Vox y Junts supuestamente irreconciliables. El PP ha rechazado esta única mixtura que le permitiría gobernar.
En otro escenario, también antidemocrático, el PSOE que perdió la elección, seguiría gobernando con apoyo de Junts, de modo que solo cinco diputados tendrían en sus manos el destino del gobierno español. Si no se logra formar ninguna de estas alianzas, el partido derrotado seguirá en el poder hasta que dentro de unos meses se efectúe una nueva elección.
Un verdadero sistema democrático no debería dar lugar a un desorden tan aberrante.
