ARTICULISTA INVITADO
Poco a poco afloran y se publican datos que sustentan la posición firme que la ministra Yasmín Esquivel ha adoptado frente a la campaña de desprestigio de que ha sido víctima porque su presencia en la Corte incomoda a poderosos intereses. Pese a la interpretación sesgada que algunos han hecho del mensaje emitido el viernes por el rector Graue, como si se tratara de una condena anticipada, la lectura íntegra del documento dice lo contrario. El rector aseveró que “debe prevalecer, en todo momento, la cultura de la legalidad y de la verdad”. Es alentador que aluda al respeto al debido proceso y afirme: “No puedo, ni debo ir más allá de lo que la normativa nos permite”; y si bien explica que el punto de partida es el dictamen emitido por la FES, también se refiere a la rescisión del contrato de la maestra Rodríguez Ortiz, documento oficial con valor probatorio en el cual se asienta que la causa del despido de esta, es “haber compartido y proporcionado el proyecto de la tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mossa al alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez y ‘seguramente’ a otros alumnos”; de modo que la verdad es que la víctima del plagio fue la alumna Esquivel, lo que ha quedado jurídicamente probado según consta en dicho documento firmado por el director de la FES Aragón, máxima autoridad de esa facultad, por encima del Comité de Integridad Académica. Esto es así porque el director sí es una autoridad universitaria reconocida en la legislación en tanto que el Comité no lo es. El referido documento deberá ser considerado por las instancias a las que el rector ordenó revisar el caso tomando en cuenta “las evidencias que continúan surgiendo”, entre las que se encontrará la confirmación de que el Lic. Ulises Báez, presunto autor original de la tesis, mintió en entrevistas concedidas al reportero de Eje Central, Juan Carlos Rodríguez.
El Comité Universitario de Ética convocado por el rector en uso de sus facultades, aunque carece de poder sancionador, podrá avalar esas verdades como producto del análisis que realice. Además, valdría la pena que recomiende, como guardián de la ética institucional, que no se pretenda distorsionar la legislación universitaria con el afán de satisfacer un clamor mediático instigado por fuerzas políticas ajenas a la UNAM. Este Comité tiene el deber de prevenir al Rector para que no se deje presionar al grado de permitir que se inventen normas, procedimientos y órganos ad hoc para imponer retroactivamente una sanción no existente en su legislación. Ello constituiría un atentado a la ética y al Derecho, lo que mellaría de forma considerable el prestigio de la UNAM, pues la falta de fundamento no resistiría un juicio de amparo.
Un título universitario es la constancia de que un estudiante ha alcanzado los conocimientos y aptitudes para ejercer una profesión. Es paradójico que se pretenda —sin bases— anular el título de la ministra Esquivel, cuando su íntegra y brillante carrera es muestra de que el título que recibió es más que merecido. Ella es una de las más destacadas egresadas de la UNAM que ha alcanzado el más alto rango posible en su carrera.
