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En los últimos años Tijuana ha logrado disminuir la vinculación de su nombre con el narcotráfico o con la violencia, como lo fue hace más de una década. La situación, sin embargo, parece que comienza a cambiar debido a varios factores, los cuales son presentados hoy por EL UNIVERSAL, en un reportaje realizado en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, que forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.
Los índices de homicidio colocaron desde el año pasado al municipio como el más violento del país, al registrar más de 6 mil casos de 2016 a 2019, de acuerdo con cifras del gobierno federal.
En círculos policiacos atribuyen la situación al incremento del narcomenudeo. Entre 80% y 85% de los crímenes tienen vinculación con la venta de drogas, señalan.
Los narcomenudistas están volviendo a apoderarse de las calles de la ciudad fronteriza. En tres años el promedio mensual de detenidos por portar desde marihuana hasta heroína ha sido de 300 personas diarias, pero de poco ha servido. De los 12 mil 308 aprehendidos, solo mil 254 –uno de cada 10– llegaron ante un tribunal y de estos, solo 182 recibieron sentencia, pero por exceder el límite de posesión permitida, no por traficar drogas.
Los primeros señalados por esa situación son los juzgados, “por no contribuir a combatir el narcomenudeo”, pero ellos devuelven la responsabilidad a los elementos policiacos, pues argumentan que sus detenciones tienen irregularidades que ocasionan violaciones al debido proceso.
Cuando se hace una comparación sobre los recursos asignados por las instancias involucradas en la seguridad, la brecha es enorme. En 2019, la fiscalía de justicia ejerció mil 483 millones de pesos; el Poder Judicial, mil millones, y la policía únicamente 12.5 millones de pesos.
En la descomposición de la seguridad todos contribuyen de una u otra forma. Basta con que una parte del engranaje deje de hacer correctamente su función para que la situación comience a desbordarse.
Las acusaciones mutuas no ayudan a resolver el problema. Mientras se pierde tiempo en ese tipo de discusiones, la venta de drogas escala a mayores niveles.
Hay evidencias para afirmar que en Tijuana se ha dado un descuido en la atención a la inseguridad. Los elementos están mencionados en el reportaje. La ciudad y su población pagarán las consecuencias si se retrasan las acciones conjuntas de quienes están relacionados con la seguridad y la impartición de justicia.
