Este fin de semana en el estado de Guanajuato 39 personas perdieron la vida en hechos de violencia. En Fresnillo, Zacatecas, se reportaron seis casas incendiadas, enfrentamientos armados y entre ocho y 10 personas privadas de su libertad. El vehículo en que viajaba una senadora fue atacado a tiros. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México encuentra que entre las policías municipales hay uso desproporcionado de la fuerza, abuso de autoridad, falta de protocolos e incluso comisión de actos de tortura.
El panorama en el párrafo anterior describe la inseguridad imperante en zonas del país ante la cual el Estado mexicano luce incapaz de erradicar.
En esos hechos se dibujan las situaciones que han caracterizado al clima de violencia.
En Guanajuato y Zacatecas las bandas criminales parecen inmunes a estrategias y operativos para contener los hechos de violencia.
Cualquier persona en cualquier parte del país está expuesta a vivir un hecho de violencia al quedar en medio de un fuego cruzado o por un percance vial (como asegura la fiscalía que ocurrió en el caso de la legisladora federal cuyo vehículo recibió cuatro disparos).
Las policías municipales en el país, que deben ser el primer frente de atención y de combate a toda acción violenta, actúan sin protocolos e incurriendo en violaciones a derechos humanos. El diagnóstico para este tipo de corporaciones en el Estado de México no se aleja de lo hallado en otros estudios sobre la actuación de agentes municipales en el país.
Son escenarios recurrentes ante los cuales se han aplicado también las mismas estrategias de despliegue de elementos y resultados momentáneos.
Las zonas que en este momento se encuentran bajo asedio están perfectamente identificadas. La violencia es un mal endémico en esas ciudades y regiones.
¿En qué momento se atenderán las recomendaciones de organizaciones y expertos para transitar por rutas complementarias? Ojalá que no se decida apostar por nuevas estrategias cuando sea demasiado tarde.
